Las negociaciones han puesto de manifiesto el tira y afloja entre ministerios. El empleo sumergido enfrenta a Trabajo, no sólo con los sindicatos, sino también con Economía, que no quiere que los incentivos para aflorar la economía sumergida se interpreten (y de hecho supongan) una amnistía fiscal. Trabajo ha trasladado un nuevo borrador a los sindicatos del nuevo decreto ley en el que se incluye el plan, y deja abierto el plazo de consultas hasta el día 27. El ministerio está dispuesto a llevarlo al Consejo de Ministros de esa semana aunque no haya acuerdo, pero primero habrá que limar asperezas entre los dos ministerios para que la lucha contra el fraude fiscal, una de las banderas del Gobierno en esta última fase de la legislatura, no se vea descafeinada por el nuevo plan, sino que se conviertan en procesos complementarios.

Encarecer las prejubilaciones
La modificación legal para encarecer las prejubilaciones parece tener mejor pronóstico. Hay acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios para frenar esa práctica. Hasta el martes se podrán presentar enmiendas a los proyectos de ley de reforma de las Políticas activas de empleo y del sistema de la Seguridad Social, que son las dos posibles vías para controlar que las decisiones empresariales de empresas en beneficios no encarezcan la factura de los Servicios Públicos de Empleo.

Negociación colectiva
La negociación colectiva, cuya reforma ya acumula un retraso de un mes, se ha complicado al introducirse el tema del absentismo y de las mutuas laborales. El objetivo es llegar a un acuerdo "potente y útil". Aunque tanto empresarios como patronal insisten en que lo importante no es cuándo se firme, sino el contenido, parece que está habiendo presiones en CEOE para que la patronal endurezcan su postura. El Consejo Empresarial para la Competitividad, que preside César Alierta, exigió el martes pasado una reforma "profunda y de calado" para que el proceso no se cierre en falso. La importancia del acuerdo reside en que la negociación afecta a más de 5.000 convenios en los que están implicados casi 10 millones de trabajadores.

Nueva Ley de Servicios Profesionales
Con la nueva Ley de Servicios Profesionales el gobierno quiere dar un giro radical tanto en materia de horarios comerciales como en la liberalización de otros servicios. En horarios, la propuesta de partida es subir de ocho a doce los festivos anuales en los que es posible abrir los comercios. La oposición de algunas comunidades, como Cataluña, es total y genera un amplio debate que se dirimirá en el Congreso cuando se apruebe el proyecto de Ley. Esta norma también va a modificar algunos servicios profesionales y que puede suponer el fin de la colegiación obligatoria para poder ejercer determinadas profesiones.