El salario mínimo interprofesional está fijado en España en 641 euros al mes por una jornada de 40 horas semanales. Es decir, por ocho horas diarias durante cinco días a la semana. Un trabajador que sea contratado a media jornada, por ejemplo, podría percibir 320 euros al mes por trabajar cuatro horas durante cinco días por semana y además de ser legal contaría con ayudas de fomento del empleo.

Bonificaciones
A este respecto, la reforma preparada por el Ejecutivo prevé, según fuentes consultadas por El Plural, una modificación parcial del artículo 10 de la ley de Reforma del Mercado de Trabajo aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, según la cual los contratos fijos a tiempo parcial gozarán de las mismas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que los contratos de fomento del empleo.

33 días por año
Este último, el contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado hasta un máximo de dos anualidades en caso de despido improcedente, es otra de las estrellas de la reforma, ya que el Ministerio de Empleo quiere convertirlo en el contrato tipo para los trabajadores a jornada completa. Ello sin olvidar que también se podrá contratar por “obra o servicio” durante cuatro años, ampliables hasta cinco si así se acuerda en convenios de empresa. Este tipo de contratos es el que el Gobierno prevé que sustituya al actual temporal, con una indemnización en caso de despido de doce días por año trabajado.

Más becarios
Junto a todo esto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere también extender como la espuma el contrato en prácticas o de formación. Es decir, que los becarios van a ser algo más habitual en las empresas. Tan es así, que en la reforma estudiada hasta ahora por el Gobierno se incluye un artículo en el que se abre la mano para que cualquier puesto de trabajo pueda ser objeto del contrato en prácticas, siempre que garantice que el becario consiga con él un perfeccionamiento en su formación laboral.

Convenios
El Ministerio de Empleo incluirá también una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos puedan ser revisados parcialmente por la empresa y los trabajadores sin necesidad de tener que denunciarlos. Eso dificultará las acciones de protesta de los trabajadores, ya que la ley prohíbe hacer huelgas contra convenios en vigor. Al no ser denunciados, esos acuerdos seguirán vigentes y sujetos a un proceso de modificación en el que no puede haber medidas de presión.