El impuesto a la banca que está elaborando el Ministerio de Hacienda pretende ser una de las medidas principales tomadas por el Ejecutivo dentro de una nueva estructura fiscal que persigue el objetivo de una contribución mas igualitaria y justa en función de la capacidad económica real de los contribuyentes.

Este impuesto adicional a las entidades financieras se enmarca dentro de una meta más amplia que pretendería que las grandes empresas no salgan beneficiadas fiscalmente con respecto al total de contribuyentes gracias a lagunas legales y privilegios a los que ni las medianas empresas ni el ciudadano de a pie tiene acceso.

En el caso concreto del impuesto a la banca, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justifica su propuesta por la que obligaría a pagar un impuesto adicional a los bancos españoles en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El argumento lo basa en el hecho de que “la banca” fue rescatada por todos los españoles y ahora es el momento de que ésta contribuya al rescate del Sistema de Seguridad Social que es el que mejor representa los intereses de todos los españoles.

Este razonamiento, así planteado, llega sin duda con fuerza a la mayor parte de la población que lo acepta como justo. Aun mas cuando la carga va a ser impuesta a los bancos, considerados de manera general estandartes del poder y la riqueza poco solidaria.

Pero la justificación además de simple carece de fundamento.

En primer lugar, es necesario entender la naturaleza específica de la industria bancaria y su razón de ser.

El carácter sistémico del sector financiero le confiere la cualidad de indispensable para el funcionamiento de la economía en un sistema que, mientras no se diga lo contrario, es el que tenemos en la mayoría de los países del mundo.  Esto no quiere decir otra cosa que, sin bancos saneados y eficientes, nos sería imposible la actividad cotidiana tal y como ahora la conocemos.

El sistema bancario gracias a su capacidad de análisis y gestión del riesgo es el intermediario que facilita que el ahorro se convierta en crédito e inversión, elementos necesarios para el desarrollo económico. 

Por esta razón y no otra, cuando una parte de la industria del crédito entró en crisis en España tuvo que ser rescatada con fondos públicos: lo que se defendía no era el interés de unos cuantos socios capitalistas, sino el correcto funcionamiento de nuestra economía.

Pero es muy importante resaltar que la crisis bancaria no fue provocada desde la banca tradicional, sino por la pésima gestión, en algunos casos delictiva, de las cajas de ahorros convertidas en bancos y manejadas por manos no profesionales. Esta parte del sistema financiero necesitó una capitalización cercana a los 50.000 millones de euros y, posteriormente, la inmensa mayoría de ellas con la única excepción de Bankia que fue nacionalizada, tuvieron que ser acogidas en el seno de los antiguos bancos que, a pesar de la crisis, se habían mantenido dentro de unos mas que aceptables parámetros de estabilidad financiera. A estos bancos que contribuyeron al salvamento del sistema bancario y que nunca fueron rescatados son a los que ahora se les pretende cobrar un impuesto a modo de compensación que a todas luces es injustificada.  La única excepción la constituiría el caso de Bankia, pero a día de hoy el 61 % de su capital es estatal.

La industria bancaria en España tras la crisis ha disminuido un 30%  su participación en el PIB español y da empleo casi a 200.000 trabajadores después de una acelerada reducción de plantilla principalmente motivada por el obligado proceso de concentración de los últimos años. Sus resultados han mejorado en los dos últimos años, pero con diferencias sustanciales entre las primeras cinco entidades, que han tenido que realizar un esfuerzo adicional en materias de provisiones para adecuarse a los criterios de solvencia requeridos por los nuevos marcos reguladores internacionales.

El impuesto paralelo del 8%, tomando en cuenta la base imponible del beneficio de los bancos, pretende recaudar entre 800 y 1.000 millones de euros, cifra que queda muy lejos de las necesidades actuales de financiación del Sistema Público de Pensiones y que, sin embargo, supondría un obstáculo añadido a la necesaria recuperación de los bancos de nuestro país.

En lugar de ponernos más palos en las ruedas de nuestro propio carro, los esfuerzos recaudatorios y los recursos deberían centrarse en hacer entrar en vereda a las grandes empresas multinacionales que como es el caso de Amazon fue líder en facturación online en España con 4.200 millones de euros y solo tributó 4.2 millones de euros a la Hacienda española en los últimos tres años, ahí es donde hay que perseguir la contribución igualitaria en función de la capacidad económica.