El total de la factura presupuestaria del Gobierno por las más de 50 medidas socioeconómicas adoptadas en el Real Decreto-ley aprobado el martes para paliar el impacto del coronavirus asciende hasta los 946,6 millones de euros, tal y como informa Europa Press tras tener acceso a la memoria que acompaña al decreto, publicado este miércoles en el BOE. 

Este sería el impacto presupuestario en gastos contemplados en el decreto ley, que la memoria desgrana en los diferentes ministerios. Por un lado, el Ejecutivo destaca que se dedicarán transferencias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de fondos comprometidos para 2020 y 2021 en ejecución del Plan Estatal de Vivienda por importe de 346,6 millones y 354,2 millones de euros, respectivamente.

También procedentes de este Ministerio se movilizarán otros 100 millones de euros por la concesión de un suplemento de crédito en la partida de ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, que se dirigirán a ayudas a los arrendatarios en el plan de choque en el alquiler.

Los presupuestos de las comunidades y las entidades locales también se verán afectados por el aplazamiento extraordinario de reembolsos en préstamos concedidos a empresarios y autónomos aunque por el momento no se recoge una estimación concreta.

Más de 100 millones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

En el caso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se prevén ayudas por 50 millones de euros para empresas que hayan alterado significativamente su producción para adaptarse a la crisis sanitaria, y un impacto de 742.000 euros al año en intereses de demora no cobrados por la suspensión de las devoluciones del programa 'Emprendetur'.

Asimismo, se amplía la partida presupuestada para el Fondo de provisiones técnicas de CERSA, en el marco de su línea de garantía por la crisis del coronavirus, y se concede un suplemento de crédito por 60 millones de euros, procedente del programa de 'Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa'.

La línea de garantías Covid-19 de CERSA cuenta con un importe de 1.000 millones de euros de riesgo asumido por CERSA, que en 2019 asumió 660 millones, y permitirá movilizar 2.000 millones de euros de financiación a empresas, beneficiando a 20.000 pymes, según estima el Gobierno.

En el presupuesto del ICEX, que actualmente retiene 6,4 millones de euros de empresas afectadas por ferias aplazadas o canceladas, el Gobierno señala que la cuantía final de beneficiarios e impacto dependerá del calendario final de cancelaciones y las condiciones de cada evento, pero la facilidad para conceder y pagar ayudas no supondrá impacto adicional, puesto que todas esas ayudas ya se recogen en el presupuesto por un importe de alrededor de 6 millones.

El Gobierno indica que la flexibilización de las ayudas y de los préstamos, así como las medidas de apoyo a empresas afectadas por la cancelación de actividades de promoción internacional podrían beneficiar a unas 1.100 empresas.

Además, la prórroga para los contratos de personal sanitario correrá a cargo del Ministerio de Universidades, con un total de 657 personas beneficiarias, para un máximo de 4,9 millones de euros para ayudas de Formación de Profesorado Universitario y 96.650 euros para ayudas del Instituto Universitario Europeo, correspondientes al presupuesto de 2020 y 2021.

El subsidio para las empleadas del hogar se cuantifica en 3,15 millones

Además, se cuantifica en 3,15 millones de euros el subsidio para las personas trabajadoras en el hogar, con un impacto máximo de la medida de 5,25 millones de euros, pues equivale al salario mínimo durante un mes. Sin embargo, el Gobierno estima una reducción de la actividad del 60%, por lo que rebaja la afectación presupuestaria.

El Gobierno subraya que toda medida de empleo público no supone incremento de gasto, puesto que no se ve alterada ni su vinculación con la Administración de origen ni sus retribuciones, y que en contratación pública tampoco supone incremento directo sino que, por el contrario, "contribuye a una optimización de los recursos y su adecuada personificación mediante la previsión de un plazo adecuado de los contratos de suministro".

En este sentido, señala que "determinados contratos de suministros que podrían no resultar viables con una duración máxima de 5 años, al requerir importantes inversiones específicas, ahora sí lo serían al poder adaptarse la duración del contrato al período de recuperación de dichas inversiones".

Frente a la factura del decreto ley en términos de gasto, el Gobierno también contempla mejorar los ingresos públicos con varias de las medidas adoptadas, como la regulación de las donaciones para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus, o la ampliación de los supuestos de disposición de los planes de pensiones.

En todo caso, añade el Ejecutivo, las cantidades percibidas en los supuestos excepcionales que se prevean estarán sujetas al régimen fiscal establecido legalmente para prestaciones de los planes de pensiones, como rendimiento del trabajo personal y sujeto al tipo marginal del impuesto.

También impactará positivamente, según considera el Gobierno, el ahorro de recursos públicos en la Administración de Justicia, con un plan específico de actuación en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo y en el ámbito de los Juzgados de lo Mercantil.