El Gobierno empezará a negociar este viernes la primera fase de la derogación de la reforma laboral implantado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy el año 2012, que comenzará por reforzar la negociación colectiva, dando prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa, y aspectos relativos a la subcontratación.
En concreto, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, se reunirá con los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el marco de la mesa del diálogo social sobre Empleo y Relaciones Laborales y que supone la primera reunión técnica para empezar a modificar la reforma laboral de 2012.
En representación de los empresarios acudirán la directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, y el secretario general de Cepyme, Pedro Fernández.
Del lado sindical, asistirán, por parte de CCOO, la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente; el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo; y la secretaria de Empleo de la organización, Lola Santillana; mientras que de parte de UGT acudirán el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino; la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas y la secretaria confederal del sindicato, Isabel Araque.
En la reunión se va a dar inicio a la negociación sobre los elementos de más urgencia de la reforma laboral, arrancando con los trabajos para dar "más voz" a la negociación colectiva y para abordar elementos de la subcontratación.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reiteró ayer que la derogación de la reforma laboral se realizará en dos fases y que esta primera se iniciará este mismo viernes para luego, más adelante, dar paso a otra más intensa sobre contratación o despido, entre otras.
Despido por bajas encadenadas
Otro de los aspectos que se derogará con más prontitud es el artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas encadenadas, si bien Díaz aclaró que este punto no irá al diálogo social, pero falta algún informe y que no irá al próximo Consejo de Ministros del martes porque se deben cumplir con los trámites de carácter administrativo.
La intención declarada del Ejecutivo, recogida en el acuerdo programático, es la de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 para recuperar los derechos "arrebatados", como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
Otro punto de la reforma laboral que está previsto derogar es la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.
Nuevo Estatuto de los Trabajadores
Las mesas de trabajo que se formarán de los agentes sociales en el marco del diálogo tripartito también tendrán que abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque las principales organizaciones sindicales han dejado claro que previa a esta modificación se deben derogar las reformas laborales y volver a la situación anterior.
En materia de contratación, el acuerdo programático recogía limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido.
Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.
