Hay bastante enojo entre la desnortada progresía, como diría el gran Sigfrid Soria, por el preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía para devolver en masa a los refugiados que no nos gusten y que osen venir al continente a buscarse las habichuelas o, simplemente, evitar que una bomba les desparrame por el suelo de Siria.

Cuando hablamos de progresía, el término incluye a Amnistía Internacional, a toda la actual oposición al Gobierno en funciones e incluso, según parece, al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, quien, desde que se lee los libros de Pablo Iglesias y viceversa, está a punto de dejarse coleta, aún a riesgo de parecerse a Rappel. Según Margallo, el acuerdo “nos pareció desde el primer momento inaceptable”.

La frase debía referirse a él y a su señora. Desde luego, no al Gobierno, o al menos al presidente, Mariano Rajoy, quien hace unos días aplaudía con las orejas el acuerdo que había negociado su admirada Ángela Merkel y que permitirá devolver a los refugiados con mayor facilidad que un vestido de Zalando. También puede ser que Rajoy vaya por libre o que sus ministros le tomen por el pito del sereno. En cualquier caso, no lo sabremos porque Rajoy se niega a dar explicaciones al Congreso amparándose en que, al estar en funciones, la Cámara no es quien para controlarle.

El problema aquí es que, en los últimos años, se nos ha vendido una idea de Europa que pivota en torno a los valores liberales de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, se trata de una máscara que nos hemos puesto durante este baile de bonanzas que vivimos durante unas pocas décadas.  

Por ejemplo, en España nos gusta perseguir a los judíos cada 1000 años. Ya lo hicieron Sisebuto y otros reyes visigodos en el siglo VII y lo culminaron los Reyes Católicos con la expulsión de los judíos en 1492. Después, en 1609, echamos en masa a 300.000 moriscos a los que, un siglo antes, habíamos obligado a convertirse al cristianismo. Y, tras varios años pariendo ingeniosas ideas para fastidiar a los gitanos, en 1749 se nos ocurrió La Gran Redada, por la que se decretaba prisión a todos los miembros de la etnia con el fin de “extinguirlos”.

Podríamos seguir hablando de genocidios europeos, pero sólo con centrarnos en España nos hacemos una idea de dónde venimos. Eso sí, todo muy legislado: el Edicto de Granada, la pragmática de Medina del Campo, el Código de Alarico II… El problema es que ahora nos encontramos con que la legislación de la denostada progresía es la que nos obstaculiza la idea de mandar a los refugiados de vuelta con viento fresco. Que si los Derechos Humanos, que si la Convención de Ginebra… Minucias legales que, si Europa quiere, pueden obviarse siguiendo el ejemplo de España, donde llevamos años dando la patada a los negros que saltan la valla de Melilla y donde gobierna un señor que ya busca “una forma de establecer un sistema legal para el traslado de estas personas”.

De otra cosa no, pero de perseguir al diferente sí podemos dar lecciones.