Los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ ya han aprobado mociones en sus plenos para declararse no partícipes en ambos acuerdos de libre comercio, tanto con el TTIP como con el CETA. ¿Todos? Madrid no, según recuerdan los colectivos que conforman la campaña ‘NoalTTIP’.

La UE está negociando actualmente los dos tratados con Estados Unidos y Canadá, conocidos por sus siglas en inglés: el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la UE y Canadá (CETA). Para la plataforma, “suponen un golpe a la democracia situando el interés de las grandes corporaciones por encima del de las personas”.

Por ello, la campaña #NoalTTIP, que engloba a más de 300 colectivos españoles, ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que siga el ejemplo de otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia. Pero también de ciudades europeas como Munich, Bruselas, Viena o Milán. Todas ellas ya se han declarado libres de la influencia de los acuerdos de comercio internacional.

El ayuntamiento más grande de España se queda fuera

Nos preocupa la no adhesión a esta campaña del ayuntamiento más grande del Estado, Madrid, en manos de Ahora Madrid. Esta formación cuenta con unas políticas dirigidas a dotar de mayor protagonismo a la ciudadanía”, recuerda el colectivo.

Además, se han referido a la voluntad de “remunicipalizar servicios públicos privatizados, mejorar los estándares de vida de los habitantes de la ciudad, así como los estándares medioambientales” y todo esto se podría ver dañado si entran en vigor los acuerdos.

Crear una red de municipios

Los ayuntamientos que han firmado su oposición al TTIP se encontrarán en Barcelona los días 21, 22 y 23 de abril para formar una red de municipios que presionen para evitar que ambos tratados lleguen a ver la luz.

“La razón para oponerse a dichos tratados se debe a la posibilidad de regular a la baja la legislación europea y norteamericana en ciertos ámbitos como la alimentación, la sanidad o la energía; así como la creación de tribunales privados que resuelvan los conflictos que puedan surgir entre inversores y Estados”, recuerda la plataforma vía comunicado de Ecologistas en Acción, uno de sus principales miembros.

“Esto implicaría una realidad en la que tantos municipios como comunidades autónomas podrían perder parte de su capacidad para gestionar materias de vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación”, denuncian.