Aguirre, autoproclamada liberal furibunda, a la hora de negociar resulta, sin embargo, extraordinariamente autoritaria. Es lo que demuestra su historial. Desde que es Presidenta dela ComunidadAutónomade Madrid, por ejemplo, no ha acordado ni una sola vez con los sindicatos los servicios mínimos, y esto no solo en sectores especialmente cruciales como transportes y comunicaciones, sino en el campo menos trascendente.

Vuelven a pedir los servicios mínimos que en 2010 se declararon ilegales
Resultado, ella y su Gobierno, se haya tratado de huelgas sectoriales o generales, han impuesto esos servicios, por lo que han sido denunciados ante los tribunales por los sindicatos. Una vez tras otra, las organizaciones de los trabajadores han ganado las denuncias, aunque, como dice a ELPLURAL.COM Jaime Cedrún, responsable de Política Institucional de CC.OO “esas condenas en realidad no llevan a nada, porque nos dan la razón, pero cuando hemos pedido al menos indemnizaciones, los jueces no nos las han dado”.

Cara a la huelga general del 29M, los sindicatos se han sentado a negociar una vez más con el Gobierno de Madrid, “y tenemos esperanzas de llegar a algún acuerdo, aunque de entrada han vuelto otra vez con una oferta muy parecida a la que ya se declaró ilegal en2010”, nos dice Cedrún. En aquella huelga de septiembre de 2010 se produjo una situación paradójica, por la que los sindicatos alcanzaron acuerdos de mínimos tanto con el Gobierno central, del PSOE, como con el Gobierno municipal de Madrid, del PP, pero a esos mismos acuerdos se nególa CC.AA., porque Esperanza Aguirre y algunos de sus consejeros consideraron que se cedía demasiado.

Denuncias por prevaricación
La situación de abuso por parte del gobierno Aguirre en este asunto es tan excesiva que, como han recordado fuentes sindicales a ELPLURAL.COM, “aquí han llegado a ponerse, en una huelga, servicios mínimos para que abra una piscina, o para que funcione el servicio de citas de los ambulatorios. Lo que pasa es que no entienden o no soportan el derecho a la huelga, aunque esté recogido enla Constitución”.

Esta vez, si los servicios mínimos se consideran abusivos, y visto que aunque les den la razón en los juzgados, las condenas no tienen consecuencias, en fuentes sindicales se ha asegurado a ELPLURAL.COM que “se llevará el asunto a la vía penal, y acusaremos de prevaricación a quienes impongan servicios abusivos, ya que es el único camino que nos dejan abierto”.