El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es el organismo estatal que garantiza que los trabajadores que se quedan sin empleo porque sus empresas quiebran o presentan suspensión de pagos, puedan cobrar las nóminas que se les adeudan y puedan solicitar las prestaciones por desempleo. El Fogasa está constituido por representantes del Gobierno (Ministerio de Empleo), sindicatos y patronal, y una referencia a reformar este organismo en el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno ha enviado a Bruselas, ha desatado todas las alarmas entre los sindicatos que temen que se acabe privatizando este organismo. El gabinete de prensa del Ministerio de Empleo lo ha desmentido a ELPLURAL.COM.
Temores fundados
Sin embargo los sindicatos desconfían, porque el Gobierno de Rajoy ha acometido privatizaciones impensables hasta hace poco, como por ejemplo de varias funciones del Registro Civil. Fuentes sindicales aseguran que el Ministerio de Empleo ha contratado ya a una consultora privada, KPGM, un estudio para 'rediseñar' el Fogasa. Desde el Ministerio confirman que se está elaborando un nuevo plan de funcionamiento para este organismo, pero no han querido corroborar o no si ya se ha contratado a una consultora.
La gestión no se puede privatizar
Según el Ministerio que dirige Fátima Báñez se explica que el objetivo es "agilizar" el funcionamiento del Fogasa, porque un trabajador desde que quiebra su empresa hasta que cobra "pasa mucho tiempo" y lo que quiere el Gobierno es que "se paguen las indemnizaciones cuanto antes y que no haya atascos". Desde el Ministerio de Empleo se reconoce que el número de quiebras "se ha disparado" desde que comenzó la crisis, por lo que el Fogasa está saturado de expedientes, no se puede contratar más personal precisamente por los recortes presupuestarios y además los procedimiento judiciales muchas veces se retrasan excesivamente por "trabas" de los empresarios que cierran. Por todo ello el Ministerio de Empleo justifica que se replantee el funcionamiento del Fondo, cuya gestión "no se puede privatizar" pero la elaboración y diseño de un nuevo "programa" de funcionamiento sí se puede encargar a una empresa privada. Otra cuestión a tener en cuenta es que las políticas activas de empleo son competencia de las Comunidades Autónomas (ahora mayoritariamente gobernadas por el PP), y según el departamento de comunicación, se quiere mejorar la coordinación con los gobiernos autonómicos.
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Temores fundados
Sin embargo los sindicatos desconfían, porque el Gobierno de Rajoy ha acometido privatizaciones impensables hasta hace poco, como por ejemplo de varias funciones del Registro Civil. Fuentes sindicales aseguran que el Ministerio de Empleo ha contratado ya a una consultora privada, KPGM, un estudio para 'rediseñar' el Fogasa. Desde el Ministerio confirman que se está elaborando un nuevo plan de funcionamiento para este organismo, pero no han querido corroborar o no si ya se ha contratado a una consultora.
La gestión no se puede privatizar
Según el Ministerio que dirige Fátima Báñez se explica que el objetivo es "agilizar" el funcionamiento del Fogasa, porque un trabajador desde que quiebra su empresa hasta que cobra "pasa mucho tiempo" y lo que quiere el Gobierno es que "se paguen las indemnizaciones cuanto antes y que no haya atascos". Desde el Ministerio de Empleo se reconoce que el número de quiebras "se ha disparado" desde que comenzó la crisis, por lo que el Fogasa está saturado de expedientes, no se puede contratar más personal precisamente por los recortes presupuestarios y además los procedimiento judiciales muchas veces se retrasan excesivamente por "trabas" de los empresarios que cierran. Por todo ello el Ministerio de Empleo justifica que se replantee el funcionamiento del Fondo, cuya gestión "no se puede privatizar" pero la elaboración y diseño de un nuevo "programa" de funcionamiento sí se puede encargar a una empresa privada. Otra cuestión a tener en cuenta es que las políticas activas de empleo son competencia de las Comunidades Autónomas (ahora mayoritariamente gobernadas por el PP), y según el departamento de comunicación, se quiere mejorar la coordinación con los gobiernos autonómicos.
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