Fruto de esa avalancha de peticiones de ayuda, el PP ha incluido en su programa electoral dos referencias genéricas a los ayuntamientos que, aunque no están concretadas en el documento, si lo están en la agenda oculta para el caso de que ganen las elecciones del 20-N. Se trata básicamente de endosar al ICO 30.000 millones de facturas de proveedores de corporaciones locales con la garantía del Estado pero sin contar, de momento, como déficit público ni formar parte de la deuda pública de España. ¿Cuál es la fórmula mágica?

Que pague el ICO, que es banco del estado
En la página 41 del programa electoral del PP, dentro del capítulo dedicado a emprendedores y autónomos, incluyen un último punto, el número 12, en el que dan idea de sus intenciones: “Flexibilizaremos las condiciones de la línea del ICO para financiar las deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos, garantizando que es accesible a todos sus destinatarios”, dice textualmente el documento. Según fuentes consultadas por este diario, detrás de esa afirmación ambigua está la idea de que el ICO pague las facturas y entonces los ayuntamientos dejarán de deber dinero a proveedores. Se lo deberán al único banco público que queda en España después de la privatización que hizo José María Aznar cuando le vendió Argentaria al BBVA.

Aparentemente la solución es como la aparición del hada madrina en mitad de la crisis. Los ayuntamientos pasarían a ser deudores del ICO que les cobraría por las facturas que les debe un tipo de interés interesante para los municipios y suficiente para mantener su cuenta de resultados en beneficios. Este banco público ganó en 2010 un total de 36,5 millones de euros y eso no peligraría. Los municipios se verían liberados de tener que desembolsar el total de las facturas que deben, cuyo importe sería devuelto en un plazo de probablemente 20 años y, según las fuentes consultadas, contarían con un plazo de carencia para no tener que devolver nada durante cinco a diez años.

Ya se intentó en 1983
Pero la realidad es otra. La fórmula ya está probada y no funciona. Por eso no la ha puesto en marcha el Gobierno actual, que ha preferido forzar a los municipios a ajustar su tren de vida. En 1983, con un Gobierno socialista recién llegado a los ministerios, tuvo que aprobar una ley, la 24/1983, denominada de Medidas de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, en la que ya se decía en su preámbulo que “la crónica situación deficitaria de las Corporaciones Locales es una de las cuestiones más preocupantes en el panorama político español y que más reiteradamente se ha intentado resolver en los últimos años”. La afirmación sería perfectamente trasladable a la actualidad y la solución que entonces se inventó fue reconocer “el deficiente sistema de financiación local” y prometer una próxima ley de financiación de entidades locales.

Exactamente 28 años después de aquello estamos en la misma situación y la idea del PP es acabar como se acabó entonces, pero por la puerta de atrás. Aquella promesa de una nueva ley se hizo realidad en la segunda legislatura socialista, en 1988, cuando la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fijó las bases para que los ayuntamientos fueran financieramente autónomos y contemplaba una limpia general de sus cuentas. El Estado asumió, con cargo a su déficit el agujero presupuestario real de los ayuntamientos a 31 de diciembre de 1982 y el 50% de la carga financiera de los créditos que la banca pública les había concedido para seguir funcionando. Y todo ello con la condición de que no volvieran a reincidir en gastar más de lo que ingresan.

El PP ha encontrado una solución 'milagrosa'
Desde entonces la vida ha dado muchas vueltas y ahora el PP ha encontrado la “solución milagrosa”. El ICO se hace cargo de las facturas que deben a los proveedores (unos 30.000 millones de euros) pero eso no pasa a formar parte del déficit del Estado, igual que tampoco se considera deuda estatal la que tienen empresas públicas como Adif, Renfe o Aena. Lo único que hace el Estado es avalar los préstamos que en su caso pudiera pedir el ICO o las emisiones de obligaciones o bonos que pudiera emitir para financiar el pago de esas facturas. Sólo pasaría a formar parte del déficit público estatal si, como se ha hecho en algunas ocasiones, una ley de presupuestos incluyera la asunción de parte de esa deuda como deuda del Estado.

Pero hay un nudo económico en esta “solución milagrosa”. Los ayuntamientos están estrangulados económicamente porque se les ha caído su principal fuente de ingresos, que era la especulación y venta de terrenos que se quedaban como cuota municipal de los suelos urbanizados. Ahora han pedido incluso que se les amplíe de siete a diez años el plazo para pagar al Estado los 5.900 millones de euros que han recibido de más en la asignación que tienen por la participación de los ingresos estatales del IRPF, ya que Hacienda les paga por adelantado una previsión que debido a la crisis no se ha cumplido, ya que la recaudación estatal del IRPF no ha crecido como se preveía.

Es difícil que los ayuntamientos devuelvan los 30.000 millones
Si a esto se le suma la necesidad de llegar a las próximas elecciones municipales sacando pecho de la gestión del PP, lo lógico era llegar a la conclusión de que había que prometer una nueva ley. Y así lo ha hecho el PP en la página 161 de su programa, dentro de un capítulo dedicado a “Los Ayuntamientos del Siglo XXI”, donde, en su punto primero, dice textualmente que “aprobaremos una nueva ley básica del gobierno y administración local que, partiendo del pleno respeto a la autonomía de los entes locales, atribuya con mayor precisión las competencias de estas administraciones y les dote de instrumentos más adecuados para la gestión. Impulsaremos su tramitación conjunta con el nuevo modelo de financiación local”.

Las empresas públicas tienen una actividad comercial que les permite devolver las deudas con sus ingresos ordinarios y en caso extremo pueden ser vendidas. Los ayuntamientos no. Si no generan superávit en sus cuentas es difícil que devuelvan esos 30.000 millones de facturas que el PP planea traspasar al ICO y la bomba de relojería seguirá viva a la espera de tiempos mejores. Para hacerse una idea del tamaño, esos 30.000 millones suponen multiplicar por 1,5 la cantidad total de créditos que tiene concedidos el ICO hasta el momento.