La operadora de telecomunicaciones Telefónica de España ha presentado ante el Ministerio de Trabajo la memoria explicativa del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ayer presentó a los sindicatos. Con este paso, se inicia la negociación con los trabajadores que debe acabar en un plazo de 30 días. El Gobierno, una vez haya acuerdo, tendrá otros 15 días para aprobarlo o rechazarlo.

Más personas afectadas en un periodo más largo
La empresa ha realizado un esbozo del plan de acompañamiento social, que desglosará más en los próximos días pero que, en esencia, recoge que el ERE afectará a un máximo de 8.500 trabajadores (2.000 más de los anunciados en abril) de forma escalonada hasta la fecha límite del 31 de diciembre del 2015, es decir, en torno al 25% de la plantilla actual. Los sindicatos han exigido que el plan se ajuste a la duración del convenio, que también se está negociando en estos momentos. Se trata de un plan de bajas voluntarias del que todavía no se ha negociado la cuantía.

Sin oposición gubernamental si la operadora asume los costes
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha reiterado hoy que su ministerio no se opondrá al proceso si Teléfonica, "que tiene todo el derecho del mundo a organizarse como crea conveniente", no traslada costes por este proceso al sistema de protección al desempleo. Gómez ha puesto como ejemplo a la banca, que en sus procesos de reestructuración deposita un aval para cubrir costes.

Críticas a la forma de realizar el anuncio
El ministro de Trabajo criticó también que el ERE se anunciara al tiempo que se aprobaban "multimillonarias retribuciones" para los directivos, que "casan mal" con el concepto de responsabilidad social corporativa de la compañía.

La enmienda que prepara el Ejecutivo
De forma paralela al proceso, el Gobierno prepara un enmienda al Decreto Ley de Políticas Activas de Empleo que impida que los ERE de empresas grandes con beneficios tengan costes para el Estado. Según el texto de la enmienda, lo que se pretende es que las compañías que hagan despidos colectivos que afecten a mayores de 50 años hagan una aportación al Tesoro Público por el equivalente "al importe de las prestaciones y subsidios de desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal". El coste medio de las indemnizaciones a cobrar por los 8.500 trabajadores se estima en unos 270 millones de euros.

Una norma a la medida de Telefónica
Telefónica cumpliría todas las condiciones a las que se refiere la enmienda, ya que el año pasado tuvo más de 10.000 millones de euros de beneficio y las filiales a las que afecta este expediente (las que operan el negocio de fijo y móvil en España) también tuvieron ganancias.

Un mes y medio para concluir el proceso
Valeriano Gómez ha asegurado hoy que prevé que la normativa se apruebe en julio. El ERE tendría que estar terminado en mes y medio, con lo que casi con toda seguridad se verá afectado por la nueva legislación. Telefónica, sin embargo, ya ha mostrado su buena voluntad para asumir ese coste.