La manera más rápida y eficaz desde el punto de vista económico es meter la tijera en sanidad y educación, algo que el PP lleva preparando ya desde hace tiempo y que ya está, en forma de estudios, planes e informes, en las mesas de los ministros.


Acuerdo inducido
El Gobierno de Mariano Rajoy va a aprovechar el nuevo revés de las bolsas y de la prima de riesgo para llevar a Bruselas en las próximas semanas un nuevo paquete de recortes que será presentado como un bálsamo para los mercados. El conjunto de medidas tendrá la apariencia de un acuerdo propiciado por las comunidades autónomas para que la banca internacional y los dos socios del euro más recelosos (Alemania y Francia) vean que los ejecutivos regionales también se aprietan el cinturón. El ajuste se hará en sanidad y educación, donde las finanzas autonómicas se dejan más de la mitad del gasto ordinario anual (exactamente el 55%). El resultado final será la extensión del copago.


En los despachos de los ministros
El recorte en educación es algo más complejo de articular a corto plazo, aunque el ministro del ramo, José Ignacio Wert, tiene sobre la mesa un plan para que las comunidades autónomas dediquen menos recursos a esta partida presupuestaria mediante una extensión de los conciertos y una mayor selección de los beneficiarios de las becas. En sanidad, sin embargo, la estrategia es más sencilla e inmediata. La ministra Ana Mato también tiene en su despacho el plan para imponer el copago y establecer una normativa más severa en todo el territorio nacional.


Reunión este mes
El truco está en presentar las nuevas medidas como un acuerdo, ya que otra fórmula no sería creíble. La sanidad está completamente transferida a las comunidades autónomas y el establecimiento de una normativa de obligado cumplimiento desde el Consejo de Ministros podría quedar paralizado por recursos judiciales. El departamento de Ana Mato, en contacto con la Secretaría General del PP (comandada por María Dolores de Cospedal), y tras una serie de conversaciones con los barones regionales del partido, sacará adelante los principios generales del recorte en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tiene que reunirse este mismo mes de abril.


Todos a una en el PP
Los contactos mantenidos con los ejecutivos autonómicos dominados por el PP (todos menos Cataluña, País Vasco, Andalucía y Asturias) tienen como finalidad, según ha podido saber El Plural, que sean las comunidades autónomas las que planteen en la reunión del Consejo el estudio del copago sanitario como fórmula la ahorrar costes. Siguiendo ese procedimiento y si la propuesta se aprueba por mayoría (cosa que el PP tiene garantizada), el Gobierno de Rajoy ya puede dictar normas de aplicación en todo el territorio nacional que supongan, por ejemplo, el pago de un euro por receta médica extendida por los facultativos del Sistema Sanitario Público.


Antes del 1 de junio
Esta es una de las medidas contempladas en el plan de Ana Mato pero que la ministra mantiene que no tomará si no se lo piden las comunidades autónomas. Los plazos, sin embargo, comienzan a apretar. Los presupuestos de muchas de estas autonomías tienen que reflejar el objetivo de déficit máximo del 1,5% del PIB y para lograrlo deben comenzar a ajustar sus cuentas cuanto antes. Además, la Generalitat de Cataluña va a comenzar a aplicar este copago en medicinas a partir del 1 de junio y el Gobierno quiere tenerlo listo para el resto de los gobiernos regionales antes de esa fecha. Esto permitiría, además, introducir la medida como uno de los nuevos ajustes esenciales para el recorte presupuestario español de cara a la preparación de la cumbre europea del propio mes de junio.


Se acabó el blindaje
Según los datos enviados por los gobiernos autonómicos al Ministerio de Hacienda, del conjunto de gastos realizados en 2011, el 33% tuvo como destino la financiación de la sanidad pública y el 22% fue a parar a la educación. Otro 7% va a sostener servicios sociales (sobre todo dependencia) y un 6% acaba en el mantenimiento de infraestructuras.  En total, pues, un 68% del dinero que se gastan los ejecutivos autonómicos tienen servicios básicos detrás. Si estas partidas se consideran intocables, los mercados no se creerán que las comunidades autónomas son capaces de recortar la parte que les toca. El Gobierno llevará a Bruselas el mensaje de que han dejado de estar blindadas.