Arturo Fernández, amigo prácticamente de la infancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, logró pactar con el líder de la CEOE, Juan Rosell, un acuerdo de gobernabilidad de la organización empresarial que, entre otras cosas, le aseguraba acceder a un puesto creado para él, la vicepresidencia primera. Desde ese sillón y desde la presidencia de la patronal madrileña, CEIM, Fernández consiguió dinamitar el pasado mes de junio el pacto para la reforma laboral y ha conseguido ahora que las propuestas del PP para el decreto que tiene sobre la mesa Rajoy recoja gran parte de sus pretensiones.

Viejas peticiones
El texto del decreto que será aprobado por el Gobierno del PP si sindicatos y patronal no logran un acuerdo antes del día de Reyes contiene, según ha podido saber este diario en fuentes próximas a la patronal, una reducción drástica del número de contratos, la eliminación del arbitraje obligatorio, la reducción (sin carácter retroactivo) de las indemnizaciones por despido y una flexibilidad reforzada para los autónomos que den empleo y para las pymes.

Menos contratos
En el capítulo de contratos, la posición inicial del PP se sitúa a medio camino entre lo que proponía históricamente la CEOE (dejar los 43 tipos de actuales de contratación en seis o siete) y lo que ha pedido insistentemente Arturo Fernández, que es la existencia de dos únicos contratos: uno fijo con veinte días de indemnización por año trabajado y otro de fomento del empleo con un sueldo igual para todos equivalente al salario mínimo interprofesional. El decreto en elaboración introduce algunos matices y añade contratos en prácticas, a tiempo parcial o fijos discontinuos con salarios a acordar entre empresa y trabajadores.

Arbitraje voluntario
Sobre el arbitraje, el texto legal que prepara el PP contiene, al menos en sus versiones iniciales, la derogación del actual sistema aprobado en la última reforma laboral para la prórroga de los convenios colectivos. Ahora, cuando se inician las conversaciones para su renovación, hay un plazo de seis meses para los convenios de duración anual y de 14 meses para los de duración superior, pasados los cuales sin acuerdo, ambas partes deben someterse a un arbitraje obligatorio cuyo veredicto tendrá en cuenta las peticiones de ambas partes y el convenio que estaba vigente. La idea del nuevo Gobierno es dejar el arbitraje como voluntario y que los convenios pierdan su valor jurídico si no hay acuerdo a los seis meses.

Las pymes, por libre

Para las pymes la reforma en ciernes prevé que la cláusula de descuelgue de los convenios sectoriales, autonómicos o provinciales sea la regla general en lugar de la excepción, y pretende también que las empresas creadas por autónomos o con menos de un número pequeño de trabajadores (se barajan los números de entre cinco y diez) queden fuera de cualquier convenio durante un plazo de dos años a partir de su creación, acogiéndose únicamente a los mínimos legales de salarios y horas de trabajo semanales de la normativa general.

El ejemplo portugués

Patronal y sindicatos tienen por delante un mes para llegar a un acuerdo pero ambas partes saben que en caso de que el nuevo Gobierno tenga de legislar lo hará esta vez con argumentos más cercanos a los empresarios. El presidente electo, Mariano Rajoy, ha vuelto a desempolvar en sus conversaciones con los líderes sindicales el acuerdo que Portugal tuvo que suscribir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado mes de mayo, que recoge, entre otras cosas, el despido con 20 días de indemnización con carácter general y medidas de flexibilidad que otorgan a los empresarios un poder casi discrecional a la hora de reordenar las condiciones laborales de sus empleados.