El pasado ejercicio fiscal, 2018, la multinacional del entretenimiento Netflix, a través de sus filiales en España, “Los Gatos servicios de transmisión España” y “Los Gatos entretenimiento España”, ha abonado una factura fiscal de 3.146 euros, es decir, por si alguien quiere buscar comparaciones, ha tributado exactamente lo mismo que un trabajador que tenga un salario bruto anual de 24.000 euros. Con la diferencia, que Netflix actualmente es el mayor comercializador de series y películas bajo demanda del mercado nacional y seguramente su facturación es superior a 24.000€ anuales, salvo que los millones de abonados españoles, todos, sean auténticos “hacker” informáticos y reciban de forma pirata la señal en sus pantallas.

Las empresas que operan bajo el acrónimo GAFA, es decir, Google, Appel, Facebook y Amazon, todas ellas gigantes del negocio tecnológico y sede social en EE.UU, no les ha ido peor, al contrario, han participado de una experiencia similar en el mismo ejercicio tributario, como veremos a continuación, Google, tributó en nuestro país, 9,1 millones, facturando 96 millones, Appel 10,1 millones con una facturación de más de 435 millones, Facebook, pagó una factura de 0,2 millones facturando 10,1 millones y finalmente Amazon tributo 4,4 millones a pesar de haber facturado más de 490 millones. Y todo ello a pesar de haber obtenido, en su conjunto, unos beneficios superiores a los 2.000 millones de euros.

El presidente, Pedro Sánchez, ya planteó en su primer discurso de investidura la necesidad de introducir, como ya es una realidad en Francia, un impuesto especial del 3% a estas empresas, según el cual pasaríamos a recaudar vía impuestos, una cifra aproximada de 1.200 millones de euros, las presiones de Trump en las reuniones del G20, contrario a la nueva exigencia impositiva a las empresas del GAFA, y las posteriores reuniones del presidente Sánchez con Tim Cook, de Apple, y Matt Britting, de Google Europa, han producido el aplazamiento de la decisión inicial del presidente Sánchez.

Únicamente dos empresas, y solo por su actividad en Barcelona, Deliveroo y Glovo, ambas pertenecientes a la denominada nueva economía colaborativa, lo que en realidad esconde esta postmoderna expresión es el esclavismo en el siglo XXI. Decíamos que estas empresas, han sido investigadas por la Inspección de Trabajo y en el acta hecha pública por el ente auditor se impone a Deliveroo una multa de 1,3 millones en concepto de cuotas dejadas de abonar a la Seguridad Social y 3,8 millones a Glovo, entre las dos y solo en Barcelona han acumulado impagos a la seguridad social por importe de más de 5 millones de euros, se han iniciado diferentes procesos en el resto del país, inicialmente con denuncias e investigaciones abiertas en Zaragoza, Valencia y Madrid, pero no son el único caso, otras empresas del mismo sector están bajo investigación como son: Trabajo 3.0, Ubereats, Take o Stuart.

No quiero pecar de oportunismo, ni convertirme en un populista, tan de moda en nuestra escena política, pero viendo estos datos y analizando su importancia, muchas cuestiones tienden a tomar sentido, todo partido progresista, y hoy también la derecha en esa lucha por usurpar el lenguaje utilizado por las opciones de la izquierda. Decíamos que toda opción progresista plantea en su relato político dos cuestiones fundamentales: luchar contra la pobreza y acabar con las desigualdades sociales. Para alcanzar estos objetivos es necesario iniciar dos reformas básicas: cambiar la política fiscal y cambiar el modelo productivo y de relaciones laborales.

Sin duda, debemos cambiar el modelo fiscal, introduciendo elementos jurídicos, acompañados por el incremento de recursos humanos de control, que impidan la actual situación de elusión y evasión fiscal, práctica que impide ingresar al erario publico más de 26.000 millones de euros. Al mismo tiempo debemos transformar la actual práctica fiscal, ya que nuestro actual sistema tributario no sirve a los principios para los que debería estar configurado: suficiencia, ética, progresividad y equidad, si estos fueran sus contenidos estaríamos hablando de un sistema garante de la política social y no exclusivamente de un instrumento de control, catalizador de votos según el momento electoral que vivamos. La política fiscal la han convertido en el objetivo prioritario de la política económica, cuando debemos entenderla como un instrumento para la creación de empleo, la defensa del estado de bienestar y la redistribución social.

Por último, cambiar el modelo productivo y las relaciones laborales, tiene un doble significado. Por un lado, caminar hacia un modelo productivo capaz de crear empleo de valor, con salarios dignos, que permitan generar cotizaciones dignas, para procurarnos una previsión a futuro digna.

Y también significa acabar definitivamente con la reforma laboral, que impida la recesión en derechos laborales y acabe definitivamente con formas contractuales que nos acercan más a siglos pasados, al esclavismo, que proponen las denominadas economías colaborativas, como nuevas formas de relación laboral, todo ello nos aleja de la realización de políticas de progreso que busquen la desaparición de la pobreza y acaben con las desigualdades sociales.

En definitiva, ayudan a derrumbar definitivamente el edificio del estado de bienestar, construido durante años con grandes esfuerzos, a costa del sacrificio de los más desfavorecidos.

Anatolio Diez Merino es Secretario General de la UJP-UGT