Sindicatos, organizaciones empresariales y el Ministerio de Seguridad Social llegan a un acuerdo para derogar la reforma de las pensiones de 2013, que aprobó entonces el Gobierno de Mariano Rajoy  de forma unilateral y sin acuerdo social.

En este acuerdo ha sido primordial la derogación del Factor de Sostenibilidad, que tenía en cuenta las medias de las esperanzas de vida del conjunto de los pensionistas de la Seguridad Social -calculadas cada cinco años- y que se aplicarían a la cuantía inicial de la pensión, reduciéndola en esa proporción para toda la vida del pensionista y acumulando las elevaciones de las esperanzas de vida desde su entrada en vigor.

Es decir, este factor, suponía la minoración de la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida. Con el nuevo acuerdo, “se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados”, asegura UGT.

De hecho, según Eva López Simón, Secretaría de Políticas Sociales y Sector Público de UGT-Madrid, explica a El Plural: “Con el cálculo de 2013 las pensiones se iban reduciendo hasta en un 40%. Iban a bajar mucho. Si la media de las pensiones en Madrid es de 1.200 euros por ejemplo, se bajaría la pensión a unos 700 euros. Una barbaridad y detrás vamos todos”.

Es por ello que el acuerdo incluye una nueva fórmula de revalorización de pensiones ligada al IPC medio registrado que garantiza plenamente el mantenimiento del poder adquisitivo. La fórmula ha sido denominada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como "mecanismo de equidad intergeneracional” y no operará hasta 2027. El acuerdo está desarrollado en un texto normativo que se convertirá en anteproyecto de ley.

“El factor de sostenibilidad afectaba a todas las franjas de edad. Los nacidos entre 1960 y 1965, son la generación del ‘baby boom’ que ahora se jubilarían iban a ser los primeros afectados, pero igualmente los que vienen detrás habrían sido afectados igualmente dentro de unos años”, incide López Simón a este periódico. Desde el sindicato, además, hacen hincapié en que en el acuerdo se ha integrado “la inclusión del compromiso del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado del entorno a de un 2% del PIB. Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del Principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050.”