El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas y la banca con dos impuestos "temporales" no ha dejado indiferente a nadie. Rápidamente patronales de los diferentes sectores, como la AEB, han puesto el grito en el cielo tildando la medida de "injusta" y acusando al Ejecutivo de “distorsionar el mercado” e ir “en contra del principio de igualdad”.

Sin embargo, a pesar de las protestas de las entidades que están engrosando su margen de beneficios, España no es una excepción europea. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea sobre captar parte de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas, múltiples países de la Unión y del espacio europeo están aplicando ya gravámenes a los beneficios extraordinarios. Aunque con diferentes fórmulas, países como Reino Unido, Italia, Grecia o Bélgica son un ejemplo de ello.

Además, en lo relativo al impuesto a la banca, se ha conocido a través de una información del Financial Times que el propio Banco Central Europeo (BCE) está investigando diferentes mecanismos para evitar que los bancos saquen beneficios extraordinarios aprovechándose de la gran situación de crisis actual, que ya están asumiendo los consumidores. Es por ello que, a países como España y Hungría que ya cuentan con el impuesto, se suman los anuncios de gobiernos como el de Polonia, que dice estar planteándose seriamente su implantación.

España

En España, Pedro Sánchez ha anunciado que se asumirán ambos impuestos, tanto el que afectará a las energéticas como el de la banca. El impuesto a las entidades bancarias también será de carácter excepcional y temporal y tendrá una duración de dos años (sobre los ejercicios 2022-2023). Se estima que la recaudación se situará en torno a 1.500 millones de euros al año, lo que supondría un asuma total de 3.000 millones.

Por su parte, el impuesto a las grandes eléctricas, gasistas y petroleras aprobado por el Gobierno, que será de carácter excepcional y temporal, gravará los beneficios extraordinarios obtenidos por estas compañías en 2022 y 2023. Se estima una recaudación anual de 2.000 millones de euros al año, es decir, 4.000 millones de euros.

Italia

En Italia, el liberal Mario Draghi ha aprobado un impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas que, además, es retroactivo porque afecta al curso económico de 2021. El país mediterráneo fue el primero de las grandes potencias en hacerlo, anunciando, en un principio, un gravamen del 10% sobre los beneficios caídos del cielo y que, actualmente, se ha aumentado hasta el 25%.

El Ejecutivo italiano no descarta extender el impuesto a la banca, que de momento se mantiene al margen del gravamen, y pretende financiar el paquete de ayudas anunciado por Draghi, cuya inversión ascenderá hasta los 14.000 millones. Los técnicos españoles, que llevan trabajando durante meses en los nuevos tributos, se han fijado en la fórmula italiana para extrapolarla al caso español, como han confirmado en reiteradas ocasiones.

Reino Unido

Hace aproximadamente dos meses, el Gobierno británico dirigido por Boris Johnson decidió aumentar en un 25% el impuesto de sociedades durante tres años, trasladándolo del 40% al 65%, a las energéticas, con la alternativa de retirar la subida “si los precios de la electricidad se situasen de nuevo en la normalidad histórica”. En el caso de Reino Unido, afecta sobre odo a las productoras de gas y petróleo. 

Con esta medida, el Gobierno de Johnson pretende reducir la presión de los elevados precios sufrida por las familias y prevé que se recauden casi 6.000 millones de euros en un año. Desde el Ejecutivo británico también se ha asegurado que estos impuestos serán temporales y excepcionales.

Bélgica

Bélgica ha sido el último en anunciar los nuevos tipos, casi a la par que Sánchez. Aunque, como en el caso español, aún no se conocen los detalles, la ministra de Energía, Tinne Van der Straeten, ha asegurado que este impuesto será ejecutado próximamente y gravará los beneficios extraordinarios de las energéticas en el año 2022.

Grecia

El Gobierno conservador de Grecia ya anunciaba en mayo un plan que activase un impuesto que gravase el 90% de los beneficios extraordinarios de las energéticas con el objetivo de destinar lo recaudado a mejorar la situación de los consumidores.

Hungría

Hungría es el único país, ahora junto con España, que cuenta con un impuesto concreto destinado a la banca para combatir los beneficios caídos del cielo del sector bancario. El Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán anunció a finales de mayo este impuesto extraordinario que pretende recaudar más de 700 millones procedentes de los bancos. No obstante, el Ejecutivo del país magiar extendió el tipo impositivo más allá de energéticas y bancos, sumando aseguradoras o aerolíneas, entre otras, por lo que pretende recaudar 2.040 millones.

Rumanía 

El pasado octubre, el Parlamento rumano aprobó el proyecto de Ley que reflejaba implementar un esquema de compensaciones en las facturas eléctricas y de gas y un impuesto del 80 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, destinado a la compensación de las facturas de los consumidores.

Eslovaquia

El Ejecutivo eslovaco también ha tomado cartas en el asunto, pero en este caso, a diferencia del resto, se ha optado por la congelación de los precios. De forma similar al funcionamiento del tope al gas de la excepción eléctrica, el Gobierno eslovaco ha establecido un precio máximo de la energía eléctrica de 61,21 euros el megavatio hora (MWh). La particularidad que diferencia esta medida de la excepción ibérica es que el tope se aplica directamente sobre la electricidad, no sobre el gas.

Bulgaria

El pasado mes de octubre el Gobierno búlgaro también aprobó un impuesto a los beneficios extraordinarios generados por las compañías eléctricas, pero únicamente afecta a la planta nuclear de Kozloduy.

Algunos países se han ido deshaciendo de estos impuestos, mientras otros los han mantenido. Alguno nuevo, como Suecia, ha decidido implementarlo ahora para sobrellevar en mejores condiciones la recuperación económica. Polonia, por su parte, ha advertido que se está planteando seriamente implementar el impuesto.