Tal y como es preceptivo, la semana pasada el gobierno en funciones presentó el Plan Presupuestario 2020 para su examen por parte de la Comisión Europea, en el marco de la gobernanza económica de la eurozona. La presentación y examen del plan presupuestario es un momento previo a la presentación de los Presupuestos Generales en cada país, de manera que la Comisión puede alertar de manera temprana de los riesgos de desviaciones sobre los objetivos marcados en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El Plan Presupuestario presentado por el gobierno en funciones es un documento que probablemente sea sometido a nuevas modificaciones una vez se inicien las negociaciones para la elaboración de un nuevo presupuesto, pero que indica cual es el nivel de ambición de la política económica de nuestro gobierno en funciones. Y lo que nos encontramos es que el Gobierno, en ausencia de las medidas fiscales que anunció el año pasado, ha preferido mantener el piloto automático de los ingresos, con unos ingresos sobre el PIB que son, para el 2020, muy ligeramente superiores a los de 2019, pasando del 39,3 al 39,6% del PIB, mientras los ingresos se mantienen en cifras idénticas, un 41,3% del PIB, la cifra más baja desde el año 2008. El resultado es un objetivo de déficit público de 1,7%, tres décimas por debajo de las previsiones de cierre del déficit público de 2019 (que se estima en un 2% del PIB), pero lejos del objetivo marcado en el Programa de Estabilidad presentado en abril, en el que se cuantificaba un déficit público del 1,1% para 2020. La diferencia de estas dos previsiones proviene de fundamentalmente de unos menores ingresos públicos, particularmente en lo relativo a los impuestos directos e indirectos, y un gasto público mayor de lo inicialmente previsto, concentrado principalmente en los salarios de los funcionarios, cuya partida pasa del 10,4% del PIB al 10,7%. El resultado de este plan presupuestario es que el déficit estructural, ese indicador que nos señala la situación fiscal con independencia de nuestra situación dentro del ciclo económico, se sitúa en el 2,6%, una cifra que está por encima del 2,2% previsto en abril y que no mejora respecto de 2019, noticia que no gustará a la Comisión Europea.
En conclusión, el Plan Presupuestario supone una situación de piloto automático a la espera de que una nueva mayoría parlamentaria pueda ofrecer una nueva política fiscal, cumpliendo formalmente con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero abandonando, al menos temporalmente, el cambio de orientación económica que se anunciaba desde el pacto presupuestario que presentaron el año pasado Sánchez e Iglesias.
La continuidad anunciada en la política fiscal es inevitable: iniciaremos el año 2020 con unos presupuestos de 2018, y, atendiendo a los diferentes sondeos, el escenario parlamentario augura la ausencia de una mayoría clara. En este contexto, parece poco probable que se puedan presentar unos PGE 2020 demasiado ambiciosos en ninguna dirección.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional ha presentado sus previsiones de otoño, señalando el importante frenazo de la economía global, que pasa de un crecimiento del 3,3% del PIB global a una previsión del 3%, afectando negativamente a todas las economías avanzadas. Según el FMI, España empeora una décima tanto sus previsiones de 2019 como de 2020. Nadie se atreve a hablar de recesión -salvo los agoreros- pero todo el mundo está poniéndose la venda antes de la herida: la situación de la economía global ha empeorado mucho más de lo previsto, este empeoramiento va a continuar en 2020, y sólo a partir e 2021 se atisba una nueva recuperación de los niveles de crecimiento. Adicionalmente, el FMI ha señalado la acumulación de riesgos en el incremento del volumen de la deuda privada de mala calidad, que supone de nuevo una importante amenaza para la estabilidad financiera. Buena parte de esta nueva burbuja de crédito privado de mala calidad tiene que ver con la política monetaria ultra laxa que se mantiene desde los Bancos Centrales para evitar una nueva recesión económica.
En definitiva, frente a una situación de empeoramiento de la economía global, España ha presentado un programa presupuestario sin ninguna novedad relevante. La situación política en la que se ha desarrollado este programa exige la máxima prudencia porque, en realidad, no sabemos quien va a hacer los presupuestos generales de 2020, y todas las opciones deben mantenerse abiertas. El devenir de la política nos ha llevado a esta situación, pero quien escribe estas líneas no deja de pensar que España tuvo en su mano, en los presupuestos de 2019, la posibilidad de cambiar la orientación de su política fiscal para avanzar en su modernización y en su convergencia con la Unión Europea, y no lo consiguió; y que el Plan Presupuestario de 2020 podría haberlo firmado un gobierno con plenas competencias si la investidura de julio de este año no se hubiera malogrado por razones difíciles de comprender.
Casi con toda seguridad, la ventana de oportunidad que se abrió con el pacto presupuestario del pasado año se ha cerrado definitivamente. Si es así, España seguirá siendo la cenicienta fiscal de los grandes países de la Unión Europea, con unas cuentas frágiles y unos ingresos fiscales muy por debajo del promedio de los países europeos más avanzados. Puede que el nuevo escenario político abra la puerta de un gran pacto fiscal para renovar y modernizar nuestro sistema impositivo, una reforma absolutamente necesaria, que garantice la suficiencia, la proporcionalidad y la progresividad del sistema. Pero el sectarismo militantemente virulento contra los impuestos de una parte nada desdeñable de nuestro centro derecha, embarcados en una carrera hacia el fondo del vaciamiento fiscal del Estado, y la timidez y ausencia de audacia de una izquierda que no es capaz de defender pedagógicamente la perentoria necesidad de incrementar los ingresos públicos, hacen que ese acuerdo aparezca como una posibilidad muy remota.
Es muy difícil ser optimista en este contexto.
