El pasado 19 de diciembre entró en vigor la reforma del mercado del alquiler elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha tenido corta vida, ya que el Congreso de los Diputados no le ha dado su apoyo, con especial relevancia, Unidos Podemos, al no incluir su medida estrella de limitar los precios.

Prórroga forzosa: tres años

Los cambios más significativos de la reforma del Gobierno afectaban a la duración de los contratos de arrendamiento y a las fianzas, que vuelven a regirse por las condiciones anteriores, la marcada por la reforma del PP en 2013, salvo los que se hayan firmado entre la aprobación del Real Decreto y la votación del Congreso, que seguirán vigentes respetando lo firmado por las partes. Sin embargo, los plazos de prórroga forzosa para el arrendador y a voluntad del inquilino quedarán en 3 años (sea un particular o una empresa) y la tácita reconducción será anual.

Será ilegal que el propietario quiera rescindir el contrato cuando haya transcurrido un plazo inferior al establecido como prórroga forzosa en la legislación que esté vigente, si el inquilino manifiesta su deseo de continuar en la vivienda. Porque la prórroga forzosa es un derecho del arrendatario y una obligación del casero. Cualquier plazo que sea superior al previsto como forzoso, es perfectamente válido.

No hay límite para la fianza

El decreto del Gobierno fijaba un máximo de dos mensualidades de renta como garantía adicional a la fianza,salvo los contratos de larga duración. La legislación anterior, que es la que sigue mandando ahora, no fija cuantía máxima.

Alojamientos turísticos

Los alojamientos turísticos vuelven a estar regidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, contrario a lo que establecía el decreto, que los consideraba  como actividad económica. Igualmente deja de estar vigente la posibilidad de que los vecinos de un inmueble, por mayoría de tres quintos, puedan limitar que un piso se destine al alquiler turístico.

Vivienda pública y desahucios

El decreto facultaba a aquellos ayuntamientos con superávit a invertirlo para promover su parque de vivienda pública, lo que también ha dejado de estar vigente.

La decisión del Congreso también ha tumbado lo establecido en cuanto a los desahucios, que requería obligatoriamente de un informe de los servicios sociales.

Gastos de formalización e IBI

La normativa del Gobierno contemplaba que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato fueran a cargo del propietario del inmueble cuando éste fuera una persona jurídica, salvo aquellos gastos en los que se haya incurrido por iniciativa del arrendatario. Por otra parte, se eliminaba la obligación de repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al arrendatario en el alquiler social de la vivienda e incluía la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente. Todo esto ha vuelto a la situación anterior.