El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
Con ello, revierte el fallo inicial dictado el 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS.
En una resolución de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estima las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.
El Tribunal de Cuentas considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo".
Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra".
Absolución 'popular'
La situación se ha resuelto con dos votos favorables y uno en contra de los tres miembros que conformaban la sala. Los dos consejeros que se decantaron por la absolución de Ana Botella fueron Margarita Mariscal de Gante, otrora ex ministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, y José Manuel Suárez Robledano.
Ambos consejeros del Tribunal de Cuentas fueron propuestos por el Partido Popular. A la vez que designaba a De Gante, también nombró a Manuel Aznar, cuñado de la exalcaldesa de Madrid.
Sin embargo, el voto discrepante llegó de la mano de un consejero propuesto por el PSOE, Felipe García Ortiz, presidente de la sección hasta hace un año. Alega que existieron irregularidades y responsabilidades contables en la venta de las viviendas protegidas, acentuando la condición social de la operación.
