La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ultimaron ayer por la tarde los puntos básicos del plan de recuperación económica para nuestro país. Después de que la Comisión Europea diera el visto bueno a Sánchez, Bruselas anotó la máxima nota a España respecto a su hoja de ruta planteándose España 10 de los once criterios clave para obtener una bonificación de 69.500 millones de euros en subsidios, cuyo objetivo es el de estimular la economía golpeada fuertemente por la propagación de la pandemia.  

No ostabte, tras el visto bueno de Bruselas, la propuesta ha de ser ahora ratificada por el Ecofin - 13 de julio- que, en caso positivo supondría que los primeros fondos podrían llegar a España el próximo mes de julio. Se trata de 9.0000 millones de euros, equivalente a una prefinanciación del 13 por ciento del total que podría entregarse este verano. El siguiente pago se realizaría en diciembre y supondría una cantidad de 10.0000 millones de euros. El último se realizaría en junio del próximo año y sería una cantidad equivalente a 12.000 millones de euros. Los pagos continuarían este ritmo hasta el año 2026. 

España pasa el examen

Para que la Comisión Europea diera luz verde al plan de recuperacón, nuestro país ha sido sometido a una exahustiva investigación por parte de las autoridades supraregionales. Los diez primeros criterios de la hoja de ruta que establece Bruselas recbieron una calificación "A", es decir, que la Comisión remarcó que la estrategia española para absorber las ayudas europeas cumple con la obligación de dedicar una parte mínima de los fondos a las transiciones verde y digital. De hecho, España destina un 39,7 por ciento a impulsar la descarbonización de la economía y apoyar la biodiversidad (se exigía al menos un 37 por ciento) y reserva un 28,8 por ciento a avanzar en la era digital (el umbral mínimo era el 20 por ciento).

Repsecto al criterio número 11, que obtuvo una calificación "B", que tiene que ver con la estimación del coste de las más de 200 reformas e inversiones que contiene el documento, Bruselas afirma que, "la justificación aportada en el plan sobre la cantidad de los costes totales estimados es "razonable y plausible en cierta medida". 

 

No obstante, la Comisión insiste en que nuestro país "contiene en gran medida una respuesta equilibrada a la situación económica y social" y contribuye a todas las prioridades identificadas en la normativa del fondo de recuperación de más de 800.000 millones de euros. 

Sin embargo, la Comisión, también hace hincapié en que España ha de realizar cambios estructurales respecto a la reducción de las tasas de temporalidad en el sector público y privado; impulsar empleos de calidad; reducir la elevada tasa de desempleo y reforzar la cohesión de forma sostenible. Temas que aún están siendo dialogados con los agentes sociales. 

Además, Bruselas destaca que a la par que se realizan estas medidas habría que atajar otros problemas de carácter social como son las políticas de empleo; la tasa de abandono escolar; fomentar la investigación y desarrollo; desarrollar políticas sociales por ejemplo a través del Ingreso Mínimo Vital; impulsar una ley de unidad de mercado y actualizar el marco legal sobre insolvencias, entre otras. 

En definitiva, la Comisión espera que, si se realizaran todos estos cambios, las reformas e inversiones tendrían un "impacto duradero", algo que consideran es viable en España. "Este plan transformará profundamente la economía española, la hará más verde, más digital, y más resiliente”, afirmaba Von der Leyen. EN concreto, un 40 por ciento de inversiones irían destinadas a objetivos climáticos y un 28 por ciento a la transformación digital. Ambos sectores superarían las metas fijadas.