Reino Unido ya no es uno de los nuestros. El país vecino, que se ha independizado el pasado 31 de enero del club europeo, tras 47 años de pertenencia, ya vaga en solitario. Una decisión votada por el 51,9 por ciento de la población y que acarrea consecuencias económicas tanto para el país como para los aún integrantes de la Unión Europea.

La retirada de la que se enorgullece el Primer Ministro Boris Johnson podría suponer para España una caída de entre 0,5 y el 0,9 por ciento del PIB. Reino Unido es el quinto país que más exportaciones recibía de España, sumando cerca de 18.400 millones de euros. También es el primer destino escogido por los inversores españoles, que de hecho, según la Cámara de Comercio de España, generan 126.000 empleos. Por ello, algunas de las empresas afectadas ya han puesto en marcha sus planes de contingencia, entre los que se contempla el cambio de sede social y focalizar esfuerzos de crecimiento en el país.

Además, España era, hasta ahora, el primer mercado emisor de turistas británicos. Los ingleses dejan en nuestro país entorno a los 12.600 millones de euros anuales. En el último año y teniendo en cuenta el contexto pre-brexit, esa cifra se redujo hasta en un 63 por ciento respecto al año anterior, una pésima noticia para la industria hotelera (que ya aqueja la ausencia de turistas) y la hostelería, especialmente en las islas Canarias y Baleares, destinos vacacionales preferidos por nuestros vecinos. Serán los acuerdos bilaterales los que especifiquen en qué condiciones viajarán a partir de ahora estos ciudadanos.

Pero, ¿en qué consisten los acuerdos bilaterales? Habrá un periodo de 11 meses -y no de dos años como se pretendía en un principio- en el que se definan, entre otros asuntos, los futuros acuerdos comerciales . Londres y Bruselas deberán definir una política nueva migratoria, mecanismos de seguridad compartida y la situación de los servicios financieros. Un escenario que genera inseguridad económica tanto a empresas como a particulares a ambos lados del canal de La Mancha.

Ejemplo de ello son los pescadores que se encuentran en la Costa de Ópalo y que afrontan con incertidumbre su futuro profesional. La pesca es una de las actividades amenazadas por la ruptura y uno de los puntos capitales en la agenda del Brexit, ya que será necesario alcanzar un nuevo acuerdo - antes del 1 de julio - para sustituir la Política Pesquera Común (PPC) y que regule el acceso de los pescadores europeos a las aguas británicas y fije los límites de capturas.

El Brexit en el bolsillo de los ingleses

El PIB británico también puede ser una víctima del divorcio. Su caída oscila, según los expertos, entre el 1 y el 1,2 por ciento. Los salarios también podrán verse resentidos a lo que se suma el importe que Londres tendrá que pagar a la Comisión Europea en concepto de pensiones y salarios de los funcionarios europeos. Una cifra que podría superar los 50.000 millones de euros.

Además hay que tener en cuenta que el 45 por ciento de las exportaciones del Reino Unido se dirigen a la Unión Europea y el 53 por ciento de los bienes de consumo de los británicos proceden de sus ex-socios. Sin acuerdos de comercio sobre la mesa la incertidumbre se apodera de los mercados y, por ende, de los precios. En este contexto, el objetivo del Primer Ministro Johnson es el de lograr un gran acuerdo de libre comercio, desligado de las regulaciones comunitarias, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos. Es decir, ni contigo, ni sin mí. No obstante, y hasta diciembre de 2020, el país deberá cumplir con las regulaciones estipuladas por la Unión Europea y contribuir al presupuesto comunitario.