El vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. EFE/Archivo El vicepresidente primero de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. EFE/Archivo



A los quebraderos de cabeza que Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de la CEIM, está sufriendo por las denuncias de algunos trabajadores de sus empresas que dicen haber percibido parte de su sueldo en dinero negro, se suma ahora el malestar de un sector de sus compañeros empresarios miembros de la CEIM. Asociaciones de restauración y hostelería de Madrid le han pedido explicaciones por no haberles informado, como es preceptivo, de la nueva normativa del Gobierno de Ignacio González que da vía libre a la celebración de eventos en fincas particulares.

Arturo Fernández, presidente de la Confederación empresarial de Madrid (CEIM) pasó un mal rato durante la junta extraordinaria solicitada por las comisiones de turismo y comercio. Le pidieron explicaciones de por qué el órgano del que es máximo representante y que defiende los intereses de todos los hosteleros madrileños, no informó como es preceptivo de que en la nueva ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid se santificaba la realización de bodas y banquetes en fincas particulares.

“Lo dio por bueno sin consultar”

Como marca la ley, el Gobierno de Ignacio González presentó previamente la normativa a CEIM, pero Arturo Fernández no llevó el texto de la Ley ni a la Comisión de hostelería ni a la de Turismo. “Antes de publicar una disposición legal de este tipo hay que recabar la opinión al sector. El presidente de CEIM lo recibió y no dijo nada a las comisiones, lo asumió y lo dio por bueno”, han manifestado a ELPLURAL.COM fuentes de los empresarios.

Años de denuncias
La Asociación de Empresarios Madrileños de Restauración y la Asociación Empresarial Hostelera de Madrid llevan varios años denunciando por vía judicial la utilización de fincas de terratenientes y aristócratas madrileños para celebrar bodas, fiestas y banquetes. Los empresarios señalan que estos eventos se realizan sin licencia y sin cumplir los requisitos técnicos y sanitarios en la mayoría de los casos. En las reclamaciones ante el juzgado incluyen a los Ayuntamientos por omisión, al no exigir los permisos correspondientes.

“Alineado con el gobierno regional”
“En la junta extraordinaria convocada a tal efecto, “los empresarios reprocharon a Fernández el que se hubiera alineado con el gobierno regional en contra de la hostelería. Él se disculpó. Una vez que le explicaron por dónde iban los tiros dijo que no había valorado el alcance tremendo de la modificación normativa que han puesto en marcha”, continúan las mismas fuentes.

Exigen al presidente que inste a la CAM a controlar
A esta reunión también acudieron los presidentes de los sectores del juego y del ocio nocturno (la normativa en cuestión trataba en otro punto de aspectos relacionados con el juego de especial interés para un posible implantación de Eurovegas). Las asociaciones de empresarios hosteleros han exigido a Arturo Fernández que, como presidente de CEIM, se dirija a la Comunidad Autónoma de Madrid “para intentar en la medida de lo posible que el desarrollo reglamentario de esta norma no excluya que los ayuntamientos que están obligados a actuar con estas fincas, lo hagan. Una cosa es que sea compatible realizar estas actividades, y otra se pueda realizar sin ningún tipo de control sanitario de incendios, seguridad y responsabilidad civil, de nada en suma”.

“Ayuntamientos condescendientes”
Añaden asimismo que “algunos ayuntamientos como el de Hoyo de Manzanares son abiertamente condescendientes con las actividades de estas fincas. Se trata de que se incida sobre aquellos consistorios que presentan una mayor benevolencia o pasividad. El presidente de la CEIM tiene que instar a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Medio Ambiente y a la Dirección General de Turismo a que se presione a los ayuntamientos para que todos juguemos con las mismas cartas”.

Muchos problemas para Arturo
Arturo Fernández es además vicepresidente de la CEOE puesto en el que coincidió con su concuñado Gerardo Díaz Ferrán (una hermana de Fernández estaba casada con un hermano ya fallecido de Díaz Ferrán); ha sido también consejero de Bankia, por lo que ha tenido que acudir ante el juez Fernando Andreu como imputado y recientemente se ha hecho público que tiene una deuda de más de 400.000 euros en impagos a la seguridad social, que ha solicitado sea aplazada. A pesar de esta última presunta situación irregular, el restaurador continúa llevando las cafeterías del Senado, Congreso y Asamblea de Madrid, entre otras concesiones en esta Comunidad. Uno de los requisitos que exige la CAM a las empresas para ser adjudicatarias tras un concurso público, es el de estar al corriente con los pagos a la Seguridad Social. Por si fuera poco, estos últimos días el máximo representante de los empresarios madrileños se está viendo en los medios informativos con acusaciones de no abonar correctamente las nóminas a sus empleados.