Los datos de la economía española durante el último trimestre de 2018 y el inicio de 2019 estaban siendo relativamente esperanzadores. España aguantaba bien la desaceleración de la economía, incrementando de hecho el crecimiento en el cuarto trimestre. Los datos de empleo marcaban un récord de creación de empleo a finales de año, moderados por el descenso de la afiliación de enero. La prima de riesgo se mantenía estable, con un coste de financiación pública más que asequible. Subsistían los riesgos inherentes a la situación económica internacional, pero, pese a sus fragilidades estructurales, España parecía mantener un ritmo de crecimiento suficiente para seguir creando empleo.

El paso del rubicón se planteaba con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El gobierno había retrasado su presentación y se enfrentaba a un doble problema: el reto se adecuar el resultado fiscal a una senda de consolidación fiscal que era impuesta por el senado, y el reto de convencer al arco parlamentario para favorecer su tramitación. Ante la incertidumbre, el gobierno optó por adelantar algunas medidas de gasto sin tener seguros los ingresos, como la subida de las pensiones o el incremento del salario de los funcionarios, al tiempo que intentaba mantener el impulso reformista en materia de derechos sociales, transición ecológica o visión a largo plazo, incluyendo la Agenda del Cambio o la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, auténticas hojas de ruta sobre las que construir un conjunto de reformas a medio y largo plazo.

La racionalidad de esta agenda reformista es impecable: España necesita tener una serie de lineamientos en materia económica, social, ambiental e institucional que permitan incrementar su potencial de crecimiento, restañar algunas de las heridas de la crisis, y preparar al país ante las grandes transformaciones de la economía digital.

Con la no aprobación de los presupuestos, y la convocatoria electoral encima de la mesa, España entra en una etapa comprometida. Tenemos una parte importante de los gastos adicionales del proyecto de presupuestos aprobados, pero ninguno de los ingresos adicionales. Las reformas pendientes en materia laboral, social y ambiental, entrarán en el congelador hasta que haya una nueva mayoría capaz de desarrollarlas, revertirlas o reorientarlas, y los planes a largo plazo, como la Agenda del Cambio o la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, quedan de alguna manera en suspenso hasta que el nuevo ejecutivo recupere la capacidad de actuación.

No son buenas noticias. Haber adelantado los gastos ha sido un error y nos llevará a tener que realizar ajustes en un contexto de presupuestos prorrogados, así que ya nos podemos olvidar, en cualquier caso, de los objetivos de déficit tanto de la senda del senado (1,3%) como de la senda aprobada por el congreso y preferida por el gobierno (1,8%). España ha salido del procedimiento de déficit excesivo, pero no ha entrado con buen pie en el brazo preventivo. Será con bastante probabilidad un año perdido en materia de consolidación de nuestro frágil marco fiscal. Se pudo haber consolidado una recuperación de las políticas sociales, pero es bastante probable que ahora nos enfrentemos a nuevos ajustes y recortes.

Preocupa todavía más la situación generada en torno a los programas de reformas. El contexto político no parece propicio para una agenda de reformas y el buen esfuerzo realizado con la redacción de la Agenda del Cambio corre el riesgo de ser baldío tras las elecciones si los socialistas no logran retener el gobierno. Y si lo lograran, no cabe esperar mucha colaboración por parte ni de sus potenciales socios de mayoría parlamentaria, ni desde luego de la oposición.

Del lado de la oposición se sabe poco. Si atendemos al partido que, pese a su derrumbe electoral a fecha de hoy, tiene más probabilidades de llegar a la Moncloa, ya conocemos cuáles son sus objetivos: como ha señalado el propio Pablo Casado, en cuanto llegue a Moncloa, lo primero que hará -se entiende que tras decretar el 155 para Cataluña- es bajar todos los impuestos posibles.  Esta medida, que encanta a los conservadores es, en materia de política económica, prácticamente lo único en lo que estará de acuerdo con sus más que posibles socios de Ciudadanos y Vox. Una promesa que el PP ya hizo en la campaña de Andalucía y que el nuevo consejero de Economía de la Junta se ha encargado, en un ejercicio de responsabilidad que le honra, de matizar.

En definitiva, la no aprobación de los presupuestos y la convocatoria anticipada de elecciones sacude el escenario económico con más incertidumbre sobre el futuro inmediato y a largo plazo de nuestra economía. Parece imposible que nadie logre la mayoría suficiente para sacar adelante su propio programa, así que será necesario establecer un clima de diálogo y cooperación capaz de adelantar un programa de actuación lo suficientemente realista como para poder ser ejecutado, y lo suficientemente ambicioso como para ser efectivo. Lamentablemente el clima de crispación política ha imposibilitado los acuerdos, pero tras las elecciones tendremos una nueva oportunidad.