“La primera víctima de una guerra es la verdad” es una frase atribuida por partes iguales al senador estadounidense Hiram Johnson y al dramaturgo griego Esquilo, que vivió 2500 años antes. En tiempos de campaña electoral, la verdad compite con la inteligencia en su carrera hacia la tumba. La necesidad de ofrecer mensajes contundentes, promesas llamativas o análisis favorables a las posiciones políticas de unos u otros, enturbian el debate político y económico hasta limites que traspasan lo pudoroso.

La situación se complica todavía más en estos tiempos complejos en los que un gobierno ha gobernado con los presupuestos de la oposición, en un contexto de desaceleración, y con una prórroga presupuestaria encima de la mesa, a las que se han añadido algunas medidas cuyos impactos fiscales y económicos son difíciles de precisar en un horizonte de tres meses. Pero la campaña no admite estos matices y se ve en la necesidad de leer esta realidad compleja sin atender a la más mínima razonabilidad.

Así, el portavoz económico del Partido Popular, Daniel Lacalle se despachaba esta semana pasada acusando del PSOE de preparar un “hachazo fiscal” de nada menos que 66.000 millones de euros, a la luz de la propuesta socialista de hacer converger paulatinamente los niveles de recaudación fiscal de España con los de la Unión Europea. El cálculo para este “hachazo” es sencillo: si la diferencia de recaudación fiscal con el promedio europeo es de 5 puntos del PIB, eso implicaría un crecimiento de los impuestos por valor de esa cantidad, unos 66.000 millones de euros. Es una afirmación destinada a asustar a su electorado ante la voracidad fiscal de Sánchez, y, como tal, tiene poco sentido. España es el quinto país europeo que menos recauda en relación con su PIB per cápita, de manera que hay espacio para incrementar los ingresos de múltiples modos. Lo cierto es que el PSOE nunca ha planteado esta convergencia en un año:  situar a España en una senda de convergencia con los ingresos fiscales de la Unión Europea requiere de una planificación rigurosa y de un proceso de reforma de nuestro sistema impositivo que de más importancia a impuestos que tradicionalmente han tenido un peso menor en nuestro sistema, como los impuestos al consumo o los medioambientales. El debate podría haberse centrado en esta reforma impositiva, pero anunciar los “hachazos fiscales” del partido del gobierno es demasiado tentador como para dejarlo pasar.

Como también lo es denunciar la indisciplina fiscal de Sánchez basándose en el cierre fiscal del año 2018, a lo que se ha dedicado esta semana el portavoz de presupuestos de Ciudadanos, Francisco Torres, al señalar que el gobierno ha cerrado 2018 con un déficit del 2,6% del PIB, por encima del objetivo marcado en los PGE de 2018 que se situaba en un 2,2%. Se le olvidó al portavoz señalar que antes de la moción de censura, todos los analistas independientes y organismos con la Comisión Europea, o el FMI ya habían expresado sus dudas sobre esa cifra, señalando la mucho mas realista del 2,7%. En otras palabras, en 2018 España ha tenido un déficit público por debajo de la previsión de la Unión Europea. Pero denunciar la indisciplina fiscal era demasiado tentador, a sabiendas de que los PGE de 2018 negociados por el PP y Ciudadanos tenían un agujero de 5.000 millones de euros y a sabiendas de que los resultados finales del ejercicio son mejores que los inicialmente previstos. 

No han faltado tampoco quienes han denunciado los llamados “viernes sociales” como ejercicios electorales de un gobierno de manirrotos en busca de votos ante las próximas elecciones. El mero hecho de que exista la expresión “viernes social” para referirse a las reuniones del Consejo de Ministros debe considerarse, efectivamente, una estratagema, dudosamente aceptable, de marketing político, que no debería tener cabida en la actividad política de quien debe gobernar para todos y todas. Pero si bien se debe censurar esa expresión, sus contenidos concretos no son ningún ejercicio de un grupo de manirrotos que disparan con pólvora del rey: la AIReF acaba de estimar el coste de las medidas contenidas en estos ocho consejos de ministros en 920 millones de euros, esto es, menos del 0,1% del PIB. Por poner en comparación qué representa esta cifra, las rebajas fiscales del PP de 2015 supusieron un descenso en los ingresos de alrededor de 7500 millones de euros según la AEAT. En otras palabras, con la reforma fiscal que el PP aprobó justo antes de las elecciones generales de diciembre de 2015 se podrían haber financiado varias decenas de “viernes sociales” del PSOE. Un año después de su aprobación, en 2016, España se enfrentaba al riesgo de una sanción de la Comisión Europea por incumplir gravemente los objetivos de déficit público.

Pero no toda la carga de la prueba se encuentra en la oposición. El entusiasmo con el que el gobierno ha salido a declarar nulos los efectos de la subida del SMI sobre el empleo, contando sólo con datos de tres meses, sería digna de mejor encomio. No se pueden seguir los datos económicos con si fuera el minuto y resultado de una jornada de liga. Los impactos de la subida del SMI requerirán de más tiempo para ser analizados convenientemente, y hablar ahora de sus efectos, o de la falta de los mismos, es demasiado prematuro.

Las campañas electorales son malos momentos para hablar casi de cualquier cosa. Pero la tentación de retorcer la realidad para ajustarla a nuestros objetivos debe encontrarse con el muro de la integridad intelectual.  Si ese muro cede, tarde o temprano cederá la confianza ciudadana y no distinguiremos si lo que tenemos delante es un proyecto solvente o las promesas de un puñado de vendedores de crecepelo económico.