El pasado 30 de Abril, dentro de los límites que anualmente establece el semestre europeo, España ha presentado su Plan de Estabilidad, que certificaría la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, al ser el primero que presenta con un déficit ya bien por debajo del límite del 3% del PIB, al notificar la propia Comisión Europea que el déficit público de 2018 se quedó en el 2,48%, algo por debajo de las previsiones.

España presenta este plan con un crecimiento trimestral provisional del 0,7% en el primer cuarto del año 2019, lo cual supone una ligera aceleración respecto del cuarto trimestre de 2018, hasta un crecimiento interanual del 2,4%; datos que corroboró una Encuesta de Población Activa ligeramente mejor de la esperable.

España resiste, de momento, la desaceleración. Pero no será por mucho tiempo. En el medio plazo, y si no se materializa el riesgo de recesión en Estados Unidos, el crecimiento de la economía española tenderá a debilitarse si no se toman medidas adicionales. El fin de la incertidumbre electoral debería llevar a la ejecución inmediata de las medidas recogidas en la denominada Agenda del Cambio, un set de políticas económicas presentadas por la ministra Calviño a principios de este año, donde se recogen medidas en el ámbito de la educación y la formación, la digitalización de la economía, la transición energética y la modernización fiscal, así como aspectos clave en materia de reforma de mercados. El objetivo de este programa es incrementar el crecimiento potencial de nuestra economía, esto es, la tendencia de crecimiento a largo plazo, que sigue siendo muy débil.

Debe el gobierno aprovechar este momento y evitar caer en la complacencia: es un momento en el que la prudencia debe ser máxima y focalizar adecuadamente las prioridades de inversión y gasto público, para lograr el mayor impacto posible en las prioridades de la legislatura: modernizar nuestra economía y atajar la desigualdad social. No está el panorama para ir complaciendo a unos y otros con políticas de gasto de las cuales no conocemos adecuadamente sus resultados ni su utilidad social.  

Lamentablemente, España no cuenta todavía con un sistema adecuado para evaluar económicamente los resultados de sus políticas de gasto. La mayoría de las opiniones vertidas en torno al gasto público en España son fruto de la brocha gorda y del chalaneo de barra de bar: todos hablan de las duplicidades e ineficiencias, pero nadie sabría decir exactamente dónde están. La mayoría de las ocasiones, estas opiniones sólo buscan deslegitimar la acción de lo público en vez de fortalecer o perfeccionar su impacto en la sociedad.

En contra de lo que se suele opinar, en España se evalúan los programas, pero se evalúan con pocos recursos, de manera poco sistemática, y las conclusiones de las evaluaciones pocas veces son tenidas en cuenta. Hasta hace bien poco, hablar en España de rendición de cuentas era hablar de fiscalización administrativa y de poco más. En 2007 el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero creó la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, conocida como AEVAL, pero durante la crisis su papel y presupuesto fue reducido al mínimo y finalmente fue clausurada en 2017, con una trayectoria con más pena que gloria. Las Comunidades Autónomas han hecho también un esfuerzo con resultados desiguales, destacando las iniciativas lanzadas en Cataluña y más recientemente en Andalucía.

El año pasado, la Autoridad Fiscal Independiente comenzó un proceso de revisión del gasto -conocido en el ámbito europeo como Spending Review- cuyas primeras conclusiones están cayendo como cuentagotas, y no son, además, muy alentadoras. La evaluación de las políticas activas de empleo no ha podido ser adecuadamente completada por la ausencia de datos homologables entre Comunidades Autónomas, y las conclusiones de la evaluación de algunas líneas de gasto en materia de apoyo industrial han dado resultados bastante negativos.

Queda en este campo mucho por hacer. La puesta en marcha de nuevas políticas públicas debería ser cuidadosamente evaluada por su rentabilidad social y económica, examinando los antecedentes y mejorando su diseño. Si una parte importante del gasto y la inversión pública se va por el agujero de la ineficiencia, o incluso de los resultados contraproducentes, será difícil sostener la necesidad de incrementar los ingresos públicos, por muy necesaria que sea esta política. Tenemos ahora el instrumental técnico y el capital humano necesario para desarrollar una auténtica estrategia nacional de evaluación de las políticas públicas, que dote de contenido y proyección a los esfuerzos que ya se están desarrollando en algunos ámbitos, pero también que generalice la necesidad de evaluaciones ex ante y ex post.

Quizá la agenda del gobierno saliente de las pasadas elecciones debería poner esta prioridad en el centro de su agenda: acompañar a las reformas ya planificadas con un verdadero ejercicio de revisión de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, extraer conclusiones de dicha revisión, y tener la voluntad y el coraje de poner en marcha las recomendaciones. Si así lo hiciera, le estaría prestando un gran servicio a nuestro país, ahora y de cara a las futuras generaciones.