Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha negado con rotundidad a ElPlural.com que el problema del campo español derive en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,5 % hasta los 950 euros brutos mensuales en 2020.

Aunque Ramos reconoce que el SMI sí que puede suponer una dificultad añadida al agricultor, el líder de UPA asegura que el campo también apoya que los trabajadores, independientemente del sector en el que desempeñen su actividad profesional, cobren un salario digno.

“El problema no es el Salario Mínimo, sino que se están forrando con nuestro trabajo. Se están quedando con nuestro dinero intermediarios que no trabajan el campo, pero que con el móvil nos compran a 15 céntimos productos que luego venden a 2 euros”.

En este sentido, Ramos explica a ElPlural.com su propio caso. Este año, los intermediarios le han pagado entre 15 y 25 céntimos por kilo producido de ciruelos, melocotones y nectarinas. Esos productos han llegado a ser vendidos en España por encima de los 2 euros y fuera de nuestras fronteras han alcanzado los 4 euros. Ramos lo tiene claro: “Es un robo”.

Para evitar este tipo de abusos, los agricultores exigen cambios legislativos urgentes para prohibir las ventas a pérdidas, sanciones más duras para los que abusen y definir por Ley lo que es un precio justo.

Se habla, por tanto, de una serie de cambios legislativos que según lo reclamado por UPA, se pueden resumir en los siguientes puntos:

  •     Venta a pérdidas: Que se establezca como práctica abusiva, y por tanto prohibida, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.
  •     Precios justos por Ley: Que se defina el concepto de precio justo para cada uno de los productos agrarios perecederos que estará estrechamente ligado a los costes de producción. 
  •     Índices de costes de producción en los contratos: Que en los contratos de compraventa de los alimentos se puedan referenciar a índices de costes de producción, como sucede en Francia o Italia.
  •     Mediador: Que se reconozca la figura de un mediador o árbitro que actúe para velar por las buenas relaciones en la cadena agroalimentaria.
  •     Sanciones ejemplares: Que las sanciones a los que abusen sean ejemplares y sobre todo públicas. 
  •     Estudios de costes: Los estudios sobre los costes de producción llevan tiempo sin actualizarse, pese a que son la mejor garantía para frenar los abusos.
  •     Etiquetado: El etiquetado en origen debe ser obligatorio para todos los productos frescos y manufacturados, como forma para poner en valor el trabajo de los agricultores y dar más información a los consumidores.
  •     Venta directa: Establecer medidas que regulen y faciliten la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos por cauces directos.