Desde el comienzo de la profunda crisis económica y financiera de España, el banco social participado íntegramente por CaixaBank ha concedido 4.083 millones de euros para financiar 744.374 microcréditos a colectivos con dificultades de acceso al crédito (emprendedores y familias).

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, en un acto presidido junto a Antoni Vila, presidente de MicroBank, han explicado que esta actividad realizada a través de MicroBank es uno de los pilares fundamentales de su nuevo Plan Director de Responsabilidad Corporativa.

En esta presentación también han participado María Leander, secretaria general del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y Eugenia Bieto, directora general de la escuela de negocios Esade.

Para Gortázar, “la recuperación reputacional de la banca y de la confianza de los clientes son dos cuestiones esenciales para la recuperación del sistema financiero, y desde CaixaBank queremos liderar este proceso”.

Siendo este compromiso con la sociedad el principal objetivo, CaixaBank ha iniciado el Plan Director de Responsabilidad Corporativa, ya aprobado por el Consejo de Administración, que trata de definir su modelo de banca responsable apoyándose en tres pilares base según los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance).

Una articulación fundamental del Plan Director de Responsabilidad Corporativa de CaixaBank es MicroBank, el único banco español que se dedica únicamente a la concesión de microcréditos y referente europeo en microfinanzas.

Antoni Vila insiste en que “el microcrédito es una herramienta financiera que contribuye a la mejora de la cohesión social facilitando la reducción de las desigualdades en el acceso al crédito, signo de identidad que ha distinguido a nuestra identidad desde su nacimiento y que seguirá definiendo nuestra actuación en el futuro”.

La filial de CaixaBank, que lidera el ranking de microcréditos concedidos en Europa, recibe el apoyo de las principales instituciones financieras europeas y además, cuenta con la colaboración de más de 500 en España entre ayuntamientos y otras administraciones públicas, Cámaras de Comercio, organizaciones no lucrativas y universidades facilitando el acceso a la financiación a aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión financiera.