La justicia europea ha determinado que los países comunitarios pueden multar a Uber y suspender su servicio UberPop, un sistema en el que participaban conductores sin ningún tipo de licencia profesional.

"Los Estados miembros pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de una actividad de transporte como UberPop sin tener que notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley que tipifica como delito dicho ejercicio", afirma el dictamen de la Unión.

Uber se agarraba a ese resquicio técnico (la comunicación a la Comisión Europea) para evitar las sanciones que le han impuesto los jueces en Francia. Según alegaba la compañía, la ley por la que está encausada por París era un reglamento de la sociedad de la información, y como tal debía haber sido comunicado antes a  Bruselas.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE estima que no es así, ya que, como sentenció en diciembre pasado, UberPop es un servicio de transporte y no una plataforma digital colaborativa, por lo que la denuncia parte de una premisa errónea.

El Tribunal respalda así a Francia y da plena soberanía a los socios europeos para tomar las medidas que consideren oportunas respecto a UberPop, que dejó de funcionar hace tres años después de una sentencia condenatoria. De hecho, la compañía cree que el impacto será reducido, dado que opera en el país sobre todo a través de UberX, un sistema con conductores profesionales que cuenta con licencia VTC y a través del cual mantiene su competencia con los taxistas. Es el mismo que usa en España y en la mayoría de países de la UE.

Fallos desfavorables a Uber
Hace casi dos años Uber fue condenada a pagar una multa de 800.000 euros por considerar que la actividad de UberPop en Francia representaba una práctica comercial engañosa e ilegal.

Uber ha sufrido numerosas sentencias judiciales en contra, y su actividad global está rodeada de una inmensa maraña judicial en medio de la férrea oposición de las organizaciones de taxistas.  El fallo más relevante fue el de diciembre pasado, a raíz de una denuncia de taxistas españoles, que le obligó a operar con licencia al ser incluida como proveedora de un servicio de transporte.

Uber ha abandonado Dinamarca y Hungría, y Londres la despojó de su licencia para operar el pasado año, una decisión contra la que la compañía presentó un recurso de apelación todavía pendiente de resolución.