El Tribunal Supremo ha anulado el concurso de concesión de la gestión de la empresa Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que la Generalitat adjudicó a un consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual en 2012 y que representó la mayor privatización nunca hecha por el ejecutivo catalán, con un valor de 1.000 millones de euros.
El Alto Tribunal ha rechazado los dos recursos que se habían presentado y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en 2015 anuló el proceso de adjudicación de ATLL hecho por la Generalitat a Acciona. La justicia ha dado así la razón a Agbar, la empresa que perdió el concurso y que denunció el proceso de adjudicación.
La sentencia aclara que la información sobre los plazos de las inversiones introducida en el concurso generó “confusión” y “viciar la licitación” en afectar el contenido de las ofertas, por lo que hay que anular todo el proceso de adjudicación.
Desde Agbar se han mostrado satisfechos por la resolución del Supremo, recordando que “desde el primer momento la compañía dijo que la adjudicación era irregular”. Ahora esperan que la “Agencia Catalana de Agua procederá de forma inmediata a anular el incremento del 11,88% de la tarifa del agua en alta que su consejo de administración aprobó el pasado 28 de diciembre de 2017”. Además, dan por supuesto que “la Generalitat cumplirá y ejecutará los términos que dicta esta sentencia del Supremo lo antes posible”.
