El Congreso inicia su primer pleno del año con el debate y previsible convalidación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 736,01 euros en 2018 y que llegará a los 850 euros mensuales en 2020, al tiempo que también aprobará la actualización del catastro para 1.830 municipios. El primer pleno de 2018 comienza el próximo martes con los debates de dos reales decretos económicos aprobados el 29 de diciembre: el que prorroga y aprueba diversas medidas tributarias y otras urgentes en materia social, y el relativo a la trasposición de la directiva europea MiFID II en materia del mercado de valores.

El Gobierno defenderá en el pleno el acuerdo alcanzado con los sindicatos y la patronal para que el SMI suba el 4 % este año, hasta 736,01 euros en 14 pagas; el 5 % en 2019, hasta 773 euros y el 10 % en 2020, hasta 850 euros. No obstante, estas subidas están condicionadas a que la economía crezca más del 2,5 % y se creen 450.000 empleos cada año. La mayoría de los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo al alza del salario mínimo pero algunas formaciones como el PSOE o Unidos Podemos la han considerado insuficiente y reclaman que llegue hasta los 1.000 euros en 2020.

Otros partidos, como el PDeCAT, defienden que haya un SMI catalán porque el nivel de vida es más caro en esta comunidad autónoma. Por otra parte, este real decreto también incluye la actualización de la Ley del Catastro que afecta a 1.830 municipios y que hará que la cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) suba este año en 1.296 municipios y baje en 534 localidades.

El Ejecutivo ha actualizado los coeficientes sobre los que se ajusta la valoración de los bienes y que en algunos municipios no se había hecho desde los años ochenta, lo que implica una modificación de la base imponible sobre la que se aplica el IBI. Estos coeficientes varían dependiendo de los años en los que se hicieron las últimas revisiones del catastro y entre los municipios que lo revisan al alza figuran Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz.

Por el contrario, 534 municipios que actualizaron por última vez el catastro entre 2005 y 2012, en plena burbuja inmobiliaria y verán reducido el valor de los inmuebles. El Ejecutivo argumenta que esta revisión es necesaria dado que contribuye a "reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales".