Las diferentes asociaciones que representan la totalidad de los colectivos que trabajan en la formación vial están analizando el impacto económico del período de huelga de los examinadores de tráfico para saber “el alcance de reclamación por daños y perjuicios ante la Administración”.
En un comunicado conjunto de las diferentes asociaciones del sector (Formaster, CNAE, ITT, ECT y CECAP), señalan que “los daños van más allá de una desconvocatoria de huelga y afectan tanto a los ciudadanos que quieren obtener una licencia de conducir, como a las empresas de formación vial y autoescuelas”. Los dos primeros meses de huelga, según los datos de la DGT, conllevaron la suspensión de 71.000 exámenes, pero la patronal de las Autoescuelas elevó esa cifra a 150.000, con un coste de 20 millones de euros.
Reincio de los parones
Los examinadores de Tráfico retomaron la huelga el pasado lunes, la cual tuvo un seguimiento del 80,59 % a nivel nacional. Los parones serán cada lunes, martes y miércoles durante el mes de septiembre con el objetivo de exigir a la Dirección General de Tráfico (DGT) una subida salarial y mejores condiciones laborales, según datos de los convocantes.
Estos paros parciales, que ya se hicieron durante los meses de junio y julio, se producen después de que el pasado 23 de agosto la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) desconvocara "por sensibilidad con los casos más urgentes" la huelga indefinida prevista a partir del lunes 4 de septiembre. El colectivo ha dejado "en manos de la DGT convocar al comité de huelga y negociar alguna salida", al tiempo que ha advertido de que "si Tráfico no reacciona, el conflicto continuará".
Las autoescuelas se ofrecen a mediar
Los Centros de Formación Vial ven el conflicto laboral “sin vías de solución” y exigen a la DGT que se “establezcan unos Servicios Mínimos adecuados y acordes a la demanda de alumnos que quieren obtener el permiso de conducir”.
En busca de que la DGT, las administraciones y los examinadores que lleguen a un acuerdo lo antes posible, las asociaciones se ponen a disposición de las partes para mediar y ayudar a desbloquear la negociación.
Las autoescuelas no quieren un parche al conflicto sino una solución definitiva. Por ello, reclaman “un sistema de adecuación del número de personal funcionario necesario para la correcta administración del servicio de examen de permisos, con previsiones suficientes como para cubrir no solo las necesidades inminentes, sino las bajas producidas por jubilaciones”.
¿Qué está dispuesta a hacer la DGT?
Según la Dirección General de Tráfico, han defendido ante el Ministerio de Hacienda los argumentos de los examinadores "en numerosas ocasiones", pero la respuesta desde este departamento siempre ha sido que no se pueden aprobar subidas salariales al margen del resto de funcionarios del Estado que también aspiran a ellas.
Para todas las demás cuestiones de mejoras profesionales que sí sean de su competencia, el director general de la DGT les ha reiterado a los examinadores su "absoluta disponibilidad para tratar cuantos temas consideren oportunos en cuantas ocasiones estimen conveniente.
