El Ministerio de Hacienda ha amenazado con abrir procesos penales a todos aquellos contribuyentes que acepten pagar sus impuestos estatales en la nueva Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que esta institución está “preparada” para aplicar el resultado del referéndum del 1-O, “sea cual sea la voluntad” que manifiesten ese día los catalanes.
En un comunicado, el departamento de Cristóbal Montoro recuerda que “la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente. Si se presentan ante otra Administración, las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas”.
El Ministerio no se queda ahí y amenaza con que, en caso de producirse este supuesto, “la Agencia Tributaria podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda”.
Desde el departamento de Montoro, en una inusual nota de prensa, señala directamente a empresas y altos directivos que “las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal. Además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria”.
Hacienda recalca que, si bien Cataluña es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar. Todas las comunidades tienen transferidas las competencias para gestionar sus propios tributos y los tributos estatales “de régimen común, como son el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el Juego y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte”.
