La Comisión Europea (CE) en su informe de 2017 Environmental Implementation Review, encargado de revisar las políticas medioambientales de los 28, resaltó el limitado uso de impuestos energéticos-medioambientales por parte de España. Recomienda “desplazar la presión fiscal desde el trabajo hacia este tipo instrumentos”.

La CE se basa en la favorable condición recaudatoria y en los beneficios sociales, económicos y ambientales que generan dichos tributos. España es el cuarto país que menos recauda por impuestos medioambientales. Según el Eurostat, la Hacienda española ingresó en 2015 el 1,9% del PIB en tributos verdes. Un dato lejos del 2,4% de la media de la Unión Europea.  

Estas recomendaciones se unen a las realizadas anteriormente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Los impuestos energéticos son vistos como una posibilidad para reducir el agujero fiscal generado durante los años de crisis y para financiar las políticas renovables y de eficiencia energética”, según un informe publicado por Funcas a cargo de los profesores universitarios Alberto Gago y Xavier Labandeira.

Los académicos reivindican que, en España, “los impuestos ambientales y la reforma fiscal verde han tenido siempre mayor apoyo académico que relevancia presupuestaria y receptividad política”. Por lo tanto, “la fiscalidad energético-ambiental ha tenido un desarrollo muy escaso hasta el momento”, afirman.

La reforma fiscal verde simulada para España en el informe de la CE presenta un incremento recaudatorio que ascendería a 13.365 millones de euros (el 1,11% del PIB) en 2018 y 32.801 millones (1,75% del PIB) en 2035.

Las recomendaciones europeas proponen subir las bases imponibles en el gasoil, queroseno, gas licuado de petróleo (GLP) y en el gas natural utilizados para el transporte. En cuanto a los combustibles para la calefacción, tanto para uso comercial como para uso doméstico, proponen aumentar los tipos en el aceite pesado, el GLP, el gas natural y el carbón. El único sector que recomiendan no tocar es el combustible para usos industriales.

Con estas medidas, el aporte de los impuestos de la energía en el PIB, pasaría del 0,14% en 2018 al 0,18% en 2035. En cuanto al transporte, su aportación a la economía española pasaría del 0,69% en 2018 al 1,26% en 2035.

¿Por qué no se aplican?

Para realizar el cambio de modelo que proponen los organismos internacionales, basado en la consolidación fiscal y el desarrollo sostenible, hay que realizar una transformación importante del estatus fiscal. Algo que los profesores creen que “deriva en costes políticos y reputacionales importantes para administradores y administrados”. La actitud es conservadora por ambos ya que unos no quieren asumir riesgos ante sus votantes y otros temen que la transformación genere un movimiento de ganadores y perdedores. 

El Ejecutivo argumenta que España se encuentra geográficamente lejos del mercado europeo y ello significa que las empresas españolas deben realizar mayores kilómetros para distribuir sus productos por el mercado único. Es el principal argumento de Moncloa para justificar que España tenga una presión fiscal sobre los carburantes, especialmente el gasóleo, por debajo de la media europea.

El Plan Presupuestario de 2017 que el Gobierno remitió a Bruselas contemplaba un incremento de los impuestos verdes que aportaría 500 millones adicionales. Sin embargo, en el documento no se detallaba ninguna medida para aumentar la recaudación. Tampoco se contempla subir los impuestos sobre el gasóleo como pide la Comision Europea.

España es uno de los Estados miembro que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósil según un informe de la CE. "El diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados”, reza el informe