La concentración forma parte de la huelga de larga duración protagonizada por los examinadores de tráfico con el fin de que la DGT cumpla sus promesas. Al colectivo no le bastan las 500 plazas que ha aprobado el Consejo de Ministros, pues reclaman un complemento específico acorde con las características del puesto: elevada complejidad técnica, peligrosidad, penosidad y gran responsabilidad dentro de la seguridad vial.

Según la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), la huelga que se viene realizando todos los lunes, martes y miércoles tiene un seguimiento que ronda el 80% siendo cerca de 30 jefaturas las que están secundado los paros a diario con el 100% de sus efectivos.

Los responsables de la DGT han creado una especialidad cuando habían prometido una escala interna. Ambas propuestas estan lejos de los reclamado por los examinadores,un complemento específico. "Nos han intentado engañar una vez más”, han declarado.

La creación de 500 plazas no satisface uno de los principales objetivos de la huelga, denunciar la escasez de plantilla. Solo 70 son de nueva creación y hasta 2019 no se incorporarían en caso de que aprueben todos los cursos para ser examinador.

El secretario general de la DGT se ha marchado de vacaciones en plena crisis. Por lo tanto, Asextra sigue reuniéndose con diputados en el Congreso con el fin de que puedan forzar con su intervención un desbloqueo de la situación.

Apoyo parlamentario 

La portavoz del grupo socialista, Margarita Robles, ha manifestado su apoyo al colectivo tras anunciar la huelga indefinida hasta el 4 de septiembre. El portavoz del PSOE en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Pablo Bellido, ha recordado que se han aprobado ya cuatro proposiciones no de ley en apoyo a los examinadores y las autoescuelas, dos de las cuales impulsadas por el grupo socialista.

Bellido ha insistido en que faltan examinadores y que los que hay "están desincentivados", y ha indicado que "solo se necesitan unos 2,5 millones de euros para cumplir con el compromiso que el Gobierno adquirió en 2015".