La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a 25 empresas por posibles prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en el reparto de licitaciones en el mercado de los sistemas de electrificación y de equipos electromecánicos ferroviarios de la red de alta velocidad (AVE) y de la red ferroviaria convencional. El expediente es consecuencia de una investigación iniciada en 2016, en el marco de la cual realizó inspecciones en las sedes de Alstom y Elecnor el pasado año, y en las de Cobra (ACS), Electren y Siemens en enero de este ejercicio.
Las empresas
Competencia ha abierto expediente a Alstom Transporte y su matriz Alstom; a ACS y sus filiales CYMI y SEMI; a Comsa y su filial de instalaciones y servicios industriales; a Elecnor, a OHL y su filial Eym Instalaciones; al grupo Isolux Corsan; a Citracc y su matriz Delejor13; a Cosemel AIE; a Inabensa y su matriz Abengoa; a Indra; a Sacyr y su filial Neopul; a Siemens España y su matriz Siemens AG; y al holding Fuenteblandor y su filial Telice.
La CNMC recuerda que en julio de 2016 realizó inspecciones en las sedes de las empresas Alstom Transporte y Elecnor y en enero de este año en Cobra Instalaciones y Servicios, SEMI, Electren y Siemens. La Dirección de Competencia ha observado indicios de posibles prácticas anticompetitivas consistentes en el reparto de las licitaciones para la construcción y el mantenimiento de los sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en las líneas ferroviarias.
El órganismo supervisor recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación, sino que inicia un periodo de 18 meses para instruirlo y enviar su resolución al consejo de la Comisión. El expediente abierto en el sector de la electrificación ferroviaria se enmarca en la "batalla" que la CNMC libra contra los cárteles, una de las "prioridades" su actuación, dada la "gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados". En el caso de los contratos públicos, la concurrencia de un cartel puede supone un encarecimiento de las obras, con el consiguiente impacto en las arcas públicas.
