El sindicato UGT denuncia que "un año más, el Gobierno se olvida de las personas en situación de vulnerabilidad social, al mantener estancados los programas de servicios sociales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017".  El número de personas en situación de pobreza severa en España  ascienden a 3,5 millones de ciudadanos (el 7,6% de la población), que viven con menos de 333,8 euros al mes. El sindicato sostiene que el Gobierno de Rajoy sólo aumenta la partida de publicidad o propaganda en 3 millones de euros, y  mantiene inalterables desde 2013 las cuantías de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, responsable de gestionar la prevención y control de enfermedades transmisibles.

Gasto social con los recortes de la crisis

El proyecto de presupuestos para 2017 presentado no supone un incremento sustancial en las partidas presupuestarias destinadas a proteger a la familia y la pobreza infantil, según UGT. En los PGE de este año se agrupa la cifra de 100 millones de euros en una partida dirigida a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, junto con las prestaciones básicas de servicios sociales. Es decir, el sindicato considera que "se enmascaran las cifras y se maquilla una subida cuya cifra real no se puede identificar." 

Para UGT, llama especialmente la atención que, en el Programa de atención a la infancia y las familias, correspondiente a la Dirección General de Servicios para la infancia y familia, se ha producido una bajada interanual del 4,05% desde 2014. Sin embargo, este año presenta un incremento de más de 3 millones de euros cuyo único motivo es el aumento de los gastos destinados a publicidad y propaganda, pasando de los 180.000 euros presupuestados para el ejercicio de 2016, a 3.180.000 para el año 2017.

Para la Secretaría General de Sanidad y Consumo, que gestiona el Programa de salud pública, prevención y control de enfermedades transmisibles, además de dedicarse a la elaboración de planes de prevención, programas y campañas dirigidas a actividades de lucha contra el SIDA, mantiene sus cuantías inalterables en 3.052 miles de euros desde el año 2013, en un escenario donde las políticas e intervenciones en materia de vih están paralizadas, así como la desaparición de las cantidades consignadas en el plan nacional del sida.

UGT "exige el aumento de recursos para los servicios sociales de nuestro país" y denuncia que, tanto en las políticas de apoyo a la discapacidad, a la inclusión social, protección a las familias y a la infancia, no se están definiendo en objetivos y actuaciones concretas a ejecutar por las distintas administraciones competentes, sino que se destinan a "subvencionar" las actuaciones de instituciones sin fines de lucro.