La Comisión Europea ha insistido este viernes en que es “esencial” que el Gobierno español reforme el sistema de empleo en los puertos tal como le exigió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero no estableció una fecha límite para que Madrid cumpla.
“A pesar del rechazo del real decreto-ley presentado por el Gobierno, es esencial que España reforma su sistema de trabajo en los puertos, que no está en línea con las leyes de la Unión Europea”, dijo la portavoz comunitaria de Transporte, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.
La portavoz afirmó también que el Ejecutivo comunitario “toma nota del voto de ayer en el Parlamento” español, por el que se rechazó el real decreto-ley para la reforma de la estiba con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.
Sin dar plazos
La Comisión, insistió, “invita a España a cumplir con la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia europeo y sus obligaciones como miembro de la Unión Europea”, en referencia a la sentencia de la Corte de Luxemburgo que confirmó que España debía acometer la reforma para liberalizar este sector.
Itkonen aseguró que “no hay un plazo límite específico” por parte de Bruselas para que España cumpla con la justicia, pero recordó que “hay un procedimiento de infracción en marcha y una propuesta sobre el monto de la multa”.
“Ahora depende enteramente de las autoridades españolas”, dijo la portavoz, quien reiteró que Bruselas ha dejado “claro” en qué debe consistir el cumplimiento y “ahora depende del Gobierno encontrar una salida respetando esto”.
El procedimiento de infracción no se cerrará hasta que España haya adoptado la reforma y la haya comunicado a Bruselas, que, reiteró, “está disponible para asistir” a España en la tarea.
Nada de evitar la multa
La CE ya confirmó que España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que le impuso en 2014 el Tribunal de Justicia de la UE por no liberalizar el sector de la estiba, pero podrá librarse de 134.000 euros diarios adicionales si cumple con sus obligaciones antes de que la corte dicte un segundo fallo.
La obligatoriedad para España del pago de 27.000 euros por cada día que transcurra desde la publicación de la primera sentencia del TJUE el 11 de diciembre de 2014 es innegociable, según fuentes conocedoras del caso.
Si la reforma que exige Bruselas no se produce, el TJUE dictará una segunda decisión judicial por incumplimiento y a esa cantidad que ronda los 22 millones de euros habrá que sumar otros 134.000 euros diarios.
