Las confederaciones sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras han denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno español para 2017 previo acuerdo con el PSOE.
La denuncia se ha realizado mediante la presentación de alegaciones complementarias a la reclamación que ambas confederaciones sindicales presentaron en 2014 por entender que el Gobierno de España viene vulnerando el Convenio 131 de la OIT sobre fijación de salarios mínimos.
UGT y CCOO consideran que tanto el contenido como el procedimiento seguido para la fijación del SMI 2017 suponen un nuevo incumplimiento de los términos del citado Convenio, al ignorar el principio fundamental de consulta y participación de los interlocutores sociales, reduciendo éste a un mero trámite formal. La ausencia de un proceso de consultas real, útil y exhaustivo, en que se dé la oportunidad a la representación de los trabajadores de formular sus opiniones con conocimiento de causa y de manera que éstas sean escuchadas es la tónica que continúa manteniéndose.
No se ha realizado un “proceso que garantice la plena consulta y la participación de los interlocutores sociales en condiciones de igualdad” como se exige conforme a lo que reiteradamente ha establecido la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
Concretamente, en relación con el SMI para 2017, el Gobierno se limitó a informar a las organizaciones sindicales horas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. En cuanto a la subida del 8% en la cuantía del SMI, a pesar de su aparente relevancia, mantiene el suelo salarial claramente por debajo de la cantidad requerida para disponer de unas condiciones de vida dignas, y muy por debajo del nivel que se corresponde con nuestro nivel de desarrollo.
En el escrito de alegaciones presentado por UGT y CCOO se pone de manifiesto que el SMI sigue muy por debajo de los niveles requeridos desde el punto de vista de la justicia social, con unas cuantías manifiestamente insuficientes para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, sin que dicha insuficiencia pueda justificarse por las condiciones económicas y sociales del país.
