El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado por hecho que las autopistas de peaje en situación de quiebra “revertirán al Estado”, que tendrá que decidir “qué tipo de gestión les da”.

Así lo ha reconocido este lunes en una entrevista con RTVE, donde De la Serna ha reiterado que el objetivo primordial de su departamento es garantizar que los usuarios puedan utilizar estas vías “permanentemente”, “que no haya un vacío que impida su gestión”.

En segundo lugar, ha añadido, Fomento intentará llegar a un acuerdo con las entidades financieras “que facilite las cosas”, una opción que De la Serna considera “muy difícil”, entre otros motivos porque algunas de ellas “ya han soltado sus participaciones”.

El titular de Fomento ha recordado que estas autopistas están “en un proceso enormemente comprometido", algunas de ellas en concurso de acreedores e incluso "en fase de liquidación”. Por ello, ha dicho, “el escenario que se nos plantea es llegar a una reversión de estas autopistas al Estado”.

Según De la Serna, esta situación de quiebra se ha debido al “incremento enorme del valor de las expropiaciones” y “por un tráfico que se aleja mucho de lo esperado”.

La situación concursal que atraviesan estas autopistas está pendiente de la decisión de los jueces, que deberán determinar la liquidación de estas concesiones y el plazo para ello.

Fomento ya había solicitado a los administradores concursales y a los jueces una prórroga de 9 meses, hasta julio de 2017, para asumir la gestión de las autopistas de peaje en concurso de acreedores a fin de llevar a cabo el proceso de una forma ordenada.

Mal gestionadas

Tras conocerse la noticia, la asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha rechazado rotundamente que el Ejecutivo asuma las “pérdidas de estas carreteras en quiebra porque seis bancos (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico”, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos y debido a obras inesperadas.

Facua-Consumidores en Acción rechaza que el Gobierno “nacionalice las pérdidas de quienes no han sabido gestionar las autopistas” y ha recordado que la patronal de la constructora Seopan cifró el rescate en 5.000 millones.

Mientras el Ejecutivo evita aprobar medidas que impidan los cortes de luz a las familias más vulnerables, asume que nacionalizará una deuda multimillonaria para rescatar a bancos y constructoras, ha lamentado en un comunicado Facua.

En 1984 se hizo una nacionalización similar para “salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras”, ha recriminado. Por ello, recuerda que “una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión”.

El PSOE pide explicaciones

También tras conocerse las declaraciones del ministro de Fomento, el Partido Socialista ha movido ficha desde el Congreso y ha pedido su comparecencia para explicar los pormenores en el amplio coste que supondrá para las arcas del Estado asumir las autopistas quebradas.

En una rueda de prensa posterior, el portavoz socialista Antonio Hernando ha señalado directamente a “las malas previsiones y la mala cabeza de los gobiernos del PP con las radiales” que han llevado ahora “a que tengan que pagar todos los ciudadanos”.