La Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM), integrada por unos 200 extrabajadores de la cadena, concurrió hace unos meses a un concurso público de Telemadrid para gestionar servicios externalizados del ente. Estos extrabajadores pusieron así en un brete a la dirección, ya que la cadena se había desprendido de ellos con el ERE y por otro lado presentaban la mejor oferta para prestar el servicio, pero se los quitaron de encima sin evaluar su propuesta alegando defectos de forma.

Recurso de nulidad
Aquel gesto de optar al concurso sirvió, en cualquier caso, para visibilizar que detrás del proceso de privatización de la cadena pública madrileña y de la externalización de muchos de sus servicios ante la falta de personal tras el ERE la eficiencia económica es cuanto menos dudosa. Al concurso para la producción también concurrieron TBS, filial de Telefónica, y CBM, filial del Grupo Secuoya en el que es directivo Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno de José María Aznar y que ya presta para Telemadrid el servicio de cámaras ENG.

Al final el concurso se lo llevó TBS, que llevaba prestando ese servicio desde que se ejecutara el ERE cobrando por ello según alertan los extrabajadores más 2,7 millones de euros. AGTPM, que ya había anunciado a ELPLURAL.COM la posibilidad de impugnar, ha presentado un recurso especial de nulidad de ese concurso ante el Tribunal de Contratación de Madrid alegando que la licitación "eludió los requisitos de publicidad e igualdad que rigen los procedimientos de contratación con la Administración Pública, escudándose en la supuesta naturaleza mercantil de las sociedades sociedades que componen el ente publico".

Polémica externalización desde el principio
De hecho la externalización 'express' de ese servicio ya fue denunciada en su día por CCOO y el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, exdirectivo de Telefónica, está imputado por ello por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario.