Francisco Serrano, quien fuera candidato a la Junta de Andalucía por Vox en las últimas elecciones autonómicas de 2018 y hasta ahora presidente del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, ha anunciado que abandona el grupo parlamentario, aunque seguirá con el acta de diputado no adscrito. Esta dimisión viene después de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones.

El juez Serrano fue uno de los primeros en colaborar con Santiago Abascal, fue también con quien el líder de Vox celebró los resultados electorales en Andalucía el pasado 2 de diciembre de 2018, comicios en los que llegó a sustentar 12 escaños. Serrano fue el candidato con el que la ultraderecha española regresaba a las instituciones. En marzo de 2015 Abascal atravesó uno de sus peores momentos, tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya que Vox apenas tenía votantes e incluso llegó a dar mítines sin prácticamente asistentes, momento en el que no faltó la figura de Serrano. Reflejo de ello es la foto del propio Abascal junto a Francisco Serrano y Toni Cantó en un bar de Sevilla, después de una de estas intervenciones poco exitosas.

Pero a raíz de las intolerables declaraciones sobre las violadores de La Manada, cuando Serrano optó por cogerse la baja médica y alejarse momentáneamente de Vox. Hace varios meses, como se adelantaba en ElPlural.com, toda apuntaba a que este distanciamiento entre Serrano y Abascal se produjo cuando el abogado pidió compatibilizar su labor como diputado andaluz con la gestión de Serranos Abogados, su despacho de abogados.

Su figura también se identifica con el pretendido ‘desahucio’ de Albert Rivera y Malú en el lujoso chalé en La Finca​, una lujosa urbanización en Pozuelo de Alarcón. Bajo las investigaciones del “ridículo” precio que la cantante estaría abonando por esta vivienda se sitúa a una de las hijas del promotor de la urbanización, que estaría asesorada por Serrano, quien actúa como su abogado.

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El despacho del polémico juez se encarga de defender los intereses de Yolanda, una de las hijas del promotor de la urbanización, en los numerosos pleitos en los que la empresaria se halla inmersa para defender sus intereses personales y matrimoniales. Fuentes del partido aseguraron a este periódico achacan este asunto a una maniobra de “venganza” del juez Serrano hacia su propio partido político, del que se encontraba alejado en los últimos tiempos. Todo ello supuso otro escollo para finiquitar los acuerdos que PP y Ciudadanos quisieron sellar en aquel entonces con la ultraderecha para llegar al gobierno de Madrid y Murcia.