El juez Silva ha sido sancionado en varias ocasiones y ha tenido peticiones para incapacitarlo. Es posible. Pero ello no es óbice para que al apuntar sobre los poderosos, como es el caso de Blesa, resulte fallecido profesionalmente en el intento. Provocar nulidad de pruebas por la actuación del juez Silva, es una perversión que se admite en una instrucción, que nos degrada como país, pone en evidencia a nuestra democracia y técnicamente enfrenta a la Justicia española con el fantasma de su incapacidad de estar a la altura de las circunstancias. En un alarde  increíble, ¡Diaz Ferrán se persona en el caso del juez Silva por sentirse agraviado! Una persona que se lo ha llevado todo y nos convocaba a trabajar más y cobrar menos, ya tiene el honor suficientemente quebrado para el resto de sus días y no es de recibo escuchar su invectiva contra un juez.

Cada día que amanecía, Blesa ganaba 10.000 euros. ¡Descalzo que iba el zagal! Sus distracciones en cacerías, viajes y disfrutes le ubican en una posición indeseable para la mayoría de los españoles. Su escasa preparación para el puesto al que accedió por amistad con Aznar, compromete, también a éste, a responsabilizarse de tamaño disparate como el que el ínclito Blesa ha sido capaz de redondear. La gente que directamente se ha visto afectada por las consecuencias del deplorable proceder de Blesa, exteriorizan su desesperación y se lo hacen ver cuando se acerca al juzgado. Es de suponer que puede ir in crescendo en sucesivas visitas, porque las tendrá que repetir, a la audiencia nacional.

La justicia no puede ser arbitraria, porque el mecanismo de garantías de derechos y libertades se viene abajo. Seguramente las deficiencias que nuestra sociedad evidencia, afectan también al sistema judicial. Cabe dudar si los jueces entienden esto con la claridad suficiente como para percatarse de su papel en estos tiempos de tribulaciones tan severas. Nuestro sistema de convivencia se deteriora a pasos agigantados. Más que nunca se precisa un sistema judicial equilibrado y capaz de soslayar la afectación del deterioro. La corrupción tiene muchas caras y hay muchas formas de practicarlas. Lo último que nos puede ocurrir es que alcance al sistema judicial.

A los sufrimientos que soporta la población, derivados de políticas erráticas socialmente e incluso económicamente se suman las laminaciones de derechos en todos los frentes que se suceden, lamentablemente, de forma constante. Las reglas de la democracia se violentan a diario. En nombre de la democracia, hay que respetar las leyes. La ciudadanía va respondiendo con indignación creciente. El Gamonal ha demostrado que la mayoría absoluta no es una patente de corso que habilita para hacer cualquier cosa. Reclaman derechos, no son violencias que descalifican a las que se acogen los que quieren permanecer ciegos. El voto de los ciudadanos tiene poder y se hace respetar.

La gravedad de la situación que atravesamos nos la revela la estadística del momento que nos ha sorprendido con que en España 20 personas reúnen lo mismo que el 20% más pobre. Es el segundo país en desigualdad. 400 pacientes siguen ocupando camas porque sus familiares no los recogen. La tasa de paro sigue subiendo, aun cuando hay menos parados. Sin recrearnos en las desgracias: es intolerable la situación que atravesamos. En el grado en que esto viene como consecuencia de acciones de gobierno, hay que exigir responsabilidades a nuestros gobernantes.

El momento es delicado. Desencadenar un conflicto de magnitud insospechada dada la situación que vivimos, ya no es inconcebible. Se ha andando un camino irreversible que ha degradado la vida de los españoles hasta límites insoportables. Pero no se puede pensar que no tiene fin esta derrota. La indignación da paso a la violencia de no verse recompensada con la atención que merece. Esos juegos gubernamentales que marcan itinerarios comprometidos con sectores de la población minoritarios, que ven defendidos sus intereses, frente a los de la mayoría o los generales, suscitan adoptar posiciones cada vez más radicales. La altivez no es buena medicina en estas circunstancias. Es una torpe posición que enerva todavía más. No se ven garantías de cambio razonables en un país que por su situación crítica, requiere medicina de cuidados intensivos. Deberían tomarse en serio estos enfoques, nuestros actuales gobernantes, reencauzando la convivencia a posiciones razonables que devuelvan la tranquilidad perdida.

Alberto Requena es Presidente del Partido Socialista de la Región de Murcia