Krugman lo ha dicho en repetidas ocasiones: “el problema de España no son sus bancos, sino su economía”. Esto dista mucho del relato oficial. Hasta la saciedad, se insiste en que nos afecta un problema de financiación.  Toda parecería indicar que, en caso de disfrutar de acceso a la financiación, nuestros problemas se disolverían como azucarillos en la taza de café caliente.

Ciertamente, ha habido una contracción severa del crédito, que se aproxima a los 300.000 millones, desde 2008 hasta hoy, además de incrementar la exigencia de garantías. Incluso es más, estas restricciones no afectan por igual a todo tipo de empresas. Las pequeñas sufren más y están más castigadas y su principal preocupación es el bajo nivel de recursos ajenos. En la zona euro, España es el país donde más se ha reducido el crédito, tras Irlanda. No obstante, las restricciones no afectan por igual a todas las empresas, cumpliéndose el aserto de que aquéllas que más se habían endeudado antes de sobrevenir la crisis, son las que peor lo pasan y menos invierten ahora e incrementan su debilidad, todavía más.

La deuda privada era muy importante cuando la crisis se inició. En 2008 ya era mayor del 170% del PIB, incomparablemente superior a la del sector público. Hoy, nuestras empresas, junto a las italianas, son las que más cara financiación pagan. El diferencial con respecto al coste de la financiación para las empresas alemanas es de unos 300 puntos básicos. Esto implica que, mientras que el precio del dinero para una  empresa alemana es de en torno a un 3%, para una empresa española es de en torno a un 6%. Si a eso unimos el que el precio del dinero para una empresa pequeña es entre un 5% y un 10% el de una empresa grande, el  cocktail ya resulta ser explosivo.

Cuando hablamos de competitividad, este escenario es insostenible, ya que es capaz de disolver cualquier esfuerzo en otra de las parcelas empresariales. Desgraciadamente, esas otras parcelas, suelen concentrarse en el coste de los recursos humanos. Devaluación tras devaluación de la economía real, a través de los salarios, nos ha situado en el nada orgulloso nivel de una mano de obra capaz de competir con países en vías de desarrollo, en los que se vulneran los más elementales derechos. Al tiempo nuestro país se configura como un  gran mercado de saldo de bienes y servicios, apetecible para capitales vacantes, en busca de ocasiones rotuladas como sogas de ahorcado.

Y en este afán de lograr competitividad vía salarios, los gobiernos nacional y regionales se afanan en sintonizar con las más bajas pasiones neoliberales.  Deambulamos por estos tiempos, sorteando derechos, menoscabando el estado de bienestar, deteriorando la educación, vapuleando la I+D+i y el futuro es cada vez más oscuro.  El culto del déficit, con firme decisión de disminuirlo, a toda costa,  nos está llevando a cavar una fosa demasiado profunda como para poder salir con solvencia de esta tremenda crisis. Ya va siendo hora que distingamos entre lo que proviene de la crisis, propiamente dicha, y lo que se debe a torpezas cometidas tomando medidas inapropiadas. Solo así se puede valorar el acierto y la calidad de la gobernanza.

Este año, el déficit español es muy difícil que se sujete, a final de año, al 6.5% comprometido. Pero, seguimos mirando al déficit, casi en exclusiva, transmitiendo la idea de que se controla la situación, dejando de lado que la deuda crece de forma incontenible. Es la deuda, y no el déficit lo que hay que pagar. Claro que uno conduce a la otra, pero la que hay que pagar es la otra. Un control del déficit, aunque así fuera, en el 6.5% a final de este año, no evita que la deuda crezca y siga creciendo. Y, ¡ojo! en 2014, con enorme probabilidad, superaremos el 100% del PIB. El Gobierno disimula tal hecho y pronostica una cifra muy próxima a la emblemática del 100% del PIB y lo deja en el 98%, más o menos. Así es que el pago por intereses deriva de la deuda y no del déficit, aunque haya tenido en el pasado relación. Abundando más sobre el hecho, tendríamos que hablar de ambas, simultáneamente, como lo hacían las condiciones impuestas en el ya lejano Maastrich, cuando en el horizonte figuraba el objetivo de incorporarse a una moneda única. Era tremendo que la deuda no superaba veinte veces al déficit permitido. Proporcionadamente, la situación no ha cambiado mucho, salvo que las cuantías son hoy tremendas en comparación con aquel momento. Y la limitación de la deuda se establecía en un 60% del PIB, augurando que a partir de ese momento los problemas de descontrol, se intuía que podrían ser dramáticos. Hoy, con un 100% debemos estar al borde, si es que no hemos superado, la cifra que impide el control de la dinámica de la economía. Ciertamente, los ciudadanos tenemos la sensación de que el control se ha perdido hace tiempo. El hecho de conformarse con las débiles señales, brotes verdes, en la terminología exotérica, es indicador de la falta de rigor en la que nos desenvolvemos.

La contabilidad creativa en la que se registran las economías en nuestro país, hace que tengamos, permanentemente, la sospecha de que las cifras que nos llegan, no reflejan la auténtica realidad de la situación. De hecho, a nivel nacional, no se contabilizó como déficit el rescate bancario, ya que pasó, directamente a la deuda, como si tal eventualidad se pueda justificar conceptualmente. Nosotros seguimos mirando el déficit, y la deuda tiene vida propia. Pero es que, a nivel regional están ocurriendo cosas preocupantes. En la Región de Murcia, la deuda ha ascendido desde 2008 hasta la actualidad, desde un 2.60% (755 m€) del PIB regional a un 16.90% (4.628 m€) del PIB en 2012 y es previsible en torno a un 20% del PIB a finales de 2013, ya que en el segundo trimestre alcanzó el 17.70% del PIB. Estos desfases autonómicos inciden al final en la deuda como país, de una forma poco ortodoxa, ya que no hay mecanismos compensatorios y simplemente engrosan el resultado final. En la Región de Murcia la deuda está incrementándose a un ritmo de cinco-seis puntos anuales, ya que el comportamiento es exponencial. Y eso que no se incluyen imprevistos, como el que estamos a punto de contemplar, derivado de una catastrófica gestión de un aeropuerto cuyas consecuencias todavía no se han estimado. Si focalizamos la atención en el déficit y de su estabilidad deducimos que la situación económica está controlada, pero cometemos el desatino de no percatarnos que la deuda sigue aumentando y las obligaciones de pago de los intereses siguen mermando nuestra capacidad de recuperación.

Otra cosa es la superación de esta situación, ¿se han preguntado cómo se reduce la deuda a un nivel razonable? Solo hay dos formas: pagar o dejar de hacerlo. Así, en directo y en crudo. Para la primera solución, sólo los superávits de la economía son capaces de lograrlo. No vamos en esa dirección, porque no hay el más mínimo atisbo de tal cosa. Presupuestariamente, no hay ni una sola partida para impulsar la economía, ni nacional ni regional. Los gobiernos han desistido de esta fórmula. La economía no se va a recuperar en este país, mediante medidas incentivadoras de la reactivación económica. Al descartar esta fórmula, solamente nos queda la segunda: dejar de pagar. Es decir, recurrir a lo que se hace en la situación, anteriormente denominada suspensión de pagos: quitas de la deuda hasta dejarla en el nivel razonable, digamos un 60% del PIB o algo menos. Pero ¿en quién repercute una cosa tal? En los tenedores de la deuda. ¿Quiénes son? Al día de hoy, la deuda está en un 60% en manos de residentes: las entidades financieras tienen más de un 32% y en torno a un 5% cada una de ellas, las compañías de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión, empresas, particulares, etc. Bueno, pues conjeturen, que habrá que ponerse en fila. Y si dicen que no lo harán, empiecen a preocuparse.