No nos merecemos los gobernantes que tenemos. No sólo no piensan en los intereses generales y la forma de optimizar su tratamiento, apostando por las prioridades convenientes para los gobernados, tratados como personas, sino que toman decisiones que comprometen los intereses, también económicos, de la mayoría. No son decisiones ni ingenuas ni neutrales, sino interesadas. La Historia reciente lo acredita.

En las medidas privatizadoras de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, se esconde una extravagante maniobra que encierra intereses particulares, como bien puso de manifiesto el que sean los propios políticos del PP, que reinsertados en la denominada vida civil, los aparecen como beneficiarios de las entidades sanitarias privatizadas. Como siempre, el auténtico problema no es, siquiera, el de los casos conocidos o desvelados, sino que establece la duda de ¿ cuántos casos no nos hemos enterado? ¡Y nunca sabremos de ellos! Porque a la vista está, que solamente sabemos algo en los casos de denuncia, que normalmente provienen de gente implicada o cercana que se siente maltratada o no beneficiada como debiera o, simplemente, despechada por no se sabe qué cosas. Y este mecanismo de revelación de secretos se nos antoja demasiado frágil, dado que satisfaciendo al locuaz revelador, no estamos exentos de que cambie de opinión, con la misma celeridad con la que se sintió despechado. Ahí tenemos el caso Fabra, en el que quién denunció insistentemente en un sentido, ahora lo hace en el contrario y se pone en favor del inculpado. Ya veremos en qué queda la cosa. La verdad es que por esta vía, incluso los agnósticos tendrían que confiar en la justicia divina. Es un decir, pero quedan pocas opciones.

El caso Bárcenas es otro prototipo de dislate el que está en juego:  todo un sistema de otorgamiento de beneficios económicos, al poder haber accedido a contrataciones aduciendo unos méritos que no pueden formar parte de un normal desenvolvimiento en una sociedad civilizada. De confirmarse todos los indicios, estamos ante el mayor escándalo laboral, económico y de vulneración de derechos, jamás soportado. Si las empresas que accedieron a los beneficiosos contratos, hubieran sido otras, ¿cuántos fueron los que perdieron el puesto de trabajo porque sus empresas no lograron en buena lid el contrato que se les arrebató violentamente? ¿Dispondríamos de otras empresas más legales, menos tramposas y más decentes? ¿Cuántos empresarios decentes han caído en esta vorágine de sinvergonzonería? ¿Es posible creer que estas empresas implicadas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales ordinarias, cuando practican estos vericuetos siniestros y de forma repetitiva? ¿Cuánto es la cuenta que toda la trama tiene con los españoles? ¡Ya veremos cuando nos reponemos de este quebranto! Y sobre todo, la desconfianza que han diseminado, porque el que hace 100 hace mil, y que se sepa no lleva esto demasiados visos de imponer correctivos ajustados a la naturaleza de los actos que se vislumbran, aquí implicados.

 

Todavía hay otras formas de ir contra los gobernados y es empleando los pocos y escasos recursos en obras inútiles, inapropiadas o sospechosamente innecesarias. Como Fabra tiene un amplio muestrario, nos brinda ejemplos de todo tipo. Pero no sólo él. En la Región de Murcia tenemos un aeropuerto sin aviones. En las condiciones en que quedan estas instalaciones no llegan a servir, ni siquiera para que escapen a través de ellos sus ejecutores. El chiste gráfico más divulgado en Murcia es el de una pista de aterrizaje, vacua, que contiene en el horizonte una escalerilla para subir a un avión, atestada de gente, desde el suelo hasta la altura correspondiente a la puerta del avión imaginario, que nunca ha existido. Todos están paralizados, sin posibilidad alguna de dar el paso. Lo peor es que sobre la obra pesa un aval que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia extendió, por un montante de 200 millones de euros, como punto de partida, una empresa que quiere irse, porque no ve hoy el negocio que debió ver otrora, un aeropuerto de San Javier que la C.A. debió negociar su cierre y nunca lo hizo, porque si en 100 kilómetros a la redonda hay operativos tres aeropuertos, pues ya ven ustedes el negocio del siglo donde está. Y, sobre todo, un plan de negocio que no da de si, porque si las previsiones no cambian, lo que es viajar en avión, tanto salir como entrar, es muy dudoso que sea negocio. Las condiciones para mantener el aeropuerto operativo es muy posible que nunca se alcancen. ¿Es este el momento más apropiado para que los murcianos tengan que pagar de sus bolsillos las cantidades de euros que se desprenden de este megaproyecto, tan dudoso como aventurero? Si los gobernantes estuvieran en lo que tienen que estar, no se desenvolverían por los tortuosos caminos del riesgo. Air a ninguna parte, es de chiste, salvo que los paganos no son los incapaces que toman decisiones para las que no están preparados, sino que tenemos los demás que arrastrar con sus desmanes, como si no tuviéramos suficiente con las torpezas ya cometidas..

Alberto Requena es Presidente del Partido Socialista en la Región de Murcia