El grado de bochorno e indignación que expresa hoy la gran mayoría de los españoles respecto a la corrupción en la vida pública va más allá de lo soportable. Día a día se constata, con todo lujo de detalles sórdidos, cuan miserable resulta el comportamiento de algunos de aquellos a los que confiamos nuestra representación para el gobierno del espacio que compartimos. La certeza de que son minoría, entre muchos honestos y trabajadores, no resta un ápice de repugnancia al juicio que merecen.

La administración trufada de corrupción es una administración deficiente, que no cumple su función social. Pero este daño es solo una parte del problema. Porque corrompidos y corrompedores socavan la legitimidad misma de nuestro modelo de convivencia. Cuando traicionan la confianza de la sociedad no están inutilizando tan solo un instrumento de gestión colectiva. Están matando la credibilidad de las instituciones que nos hemos dado para vivir en libertad y en democracia.

Es verdad que se han dado casos de corrupción en todas las latitudes, y que todos, los grandes y los pequeños, merecen luz y condena. Pero no todos son iguales en su naturaleza y en su alcance. En algunos ámbitos de la vida pública hay casos de corrupción, y en otros se está demostrando una corrupción estructural, sistémica y continuada. Y cuando esta última corrupción afecta al partido que nos gobierna en un contexto de crisis gravísima, la respuesta requiere inmediatez y contundencia.

Sigue leyendo en el blog de Rafael Simancas