La moción de censura que ha penalizado las prácticas de corrupción relacionadas con el anterior partido en el Gobierno de España, la posterior dimisión de Mariano Rajoy como presidente del PP y la incertidumbre política que podríamos afrontar en los próximos meses tienen una razón de ser y una justificación que ha conseguido aglutinar a la mayoría de la representación parlamentaria en torno a un ideal: la urgente y obligada regeneración democrática de nuestro país, un país que a su vez precisa de un cambio urgente en numerosas instituciones y organismos públicos.
La Corporación RTVE es uno de esos organismos que, además, desde hace muchos años clama por una profunda regeneración democrática que garantice su independencia frente a los vaivenes políticos que han atenazado su credibilidad, su transparencia y sus planes de futuro en el nuevo entorno digital. La gestión democrática de RTVE es un eje vertebrador de esa “nueva democracia” a la que aspiran los ciudadanos y los profesionales que aún creen y defienden un auténtico servicio público de comunicación estatal.
Sin duda, la aprobación de la Ley 5/2017, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, supuso un halo de aire fresco que hizo recuperar la esperanza de una radiotelevisión pública al servicio de la sociedad al sentar las bases de un nuevo modelo.
La voluntad del legislador, tal y como se expresa en la Ley, es clara: promover un procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE mediante concurso, que sobre la base de los criterios de mérito y capacidad y de forma transparente, ofrezcan la posibilidad de contar con órganos de gestión y dirección para el servicio público desde la independencia y la profesionalidad.
Esa voluntad, declarada y recogida ya en el título de la Ley, se ha visto empañada por una farragosa redacción resultado de las enmiendas y modificaciones introducidas a lo largo de la tramitación parlamentaria.
Los debates sobre “si son galgos o podencos”, el sinnúmero de informes solicitados a los letrados de las Cortes por parte de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado (pide dos informes y tendrás tres opiniones) y la actitud claramente “filibustera” del Partido Popular, utilizando su posición de mayoría absoluta en la Mesa del Senado, han conducido al bloqueo de la ejecución y puesta en práctica de la Ley.
Llegados a este punto, las opciones para efectuar el cambio urgente que la radiotelevisión pública estatal necesita son complejas y requieren una voluntad política que aborde ese cambio sin caer en las tentaciones de retrotraerse a escenarios del “quítate tú que me pongo yo”, tan recurrentes en RTVE y que, de llevarse a cabo por otra vía que no sea el concurso público, supondrían un nuevo fraude social y el incumplimiento flagrante de la voluntad del propio legislador manifestada en la aprobación unánime de ese procedimiento.
El desbloqueo de la situación provocada por el Partido Popular es obligado, es urgente, y puede ser rápido en su tramitación sin caer en el oportunismo político ni acudir a fórmulas que, en la práctica, impedirían la regeneración democrática que ha inspirado la reciente moción de censura.
El PP y la presidenta del Congreso Ana Pastor tienen aún la opción de sumarse al consenso y desbloquear de inmediato el proceso en la mesa del Congreso. Se iniciaría así el concurso público que, con la aplicación de un reglamento transparente y democrático, podría estar concluido en septiembre y propiciar el cambio real y de futuro que todos anhelamos para RTVE.
De no sumarse a ese consenso, el nuevo Gobierno tiene la potestad de acudir a la fórmula de un Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público radiotelevisivo estatal, pero ojo, la iniciativa de un Real Decreto-ley exige de una convalidación por mayoría simple en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. El Gobierno precisaría por lo tanto que su iniciativa contase con el aval de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y Ciudadanos que han sido firmes en la defensa del concurso público como medida de regeneración democrática para RTVE.
En este supuesto, sería exigible que el Gobierno, de acuerdo con el espíritu de la Ley 5/2017, impulsara un Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público radiotelevisivo estatal, que recoja en su texto articulado el detalle de lo que en su momento se modificó para el proceso de elección de los consejeros de RTVE, de tal manera que se solventen las dudas interpretativas y se pueda acometer de forma inmediata el proceso de elección mediante el sistema de concurso, por mandato legal, sin necesidad de desarrollo normativo por parte de las Cortes Generales.
El Real Decreto-ley debería establecer un calendario de aplicación y una comisión de seguimiento. El objetivo sería que la Corporación RTVE llegase en perfectas condiciones de independencia y pluralidad a la próxima convocatoria electoral. La actual situación política puede ser determinante en la solución de estos problemas o puede, por el contrario, ser un nuevo obstáculo que agudice la confusión legislativa en el que se pierda de vista el elemento fundamental que motivó la propuesta legislativa de 2017, es decir, la democratización de, al menos, el proceso de elección de los órganos de dirección de RTVE.
Todo lo anterior indica que RTVE vuelve a encontrarse en una nueva encrucijada y que es necesario solucionar sus problemas urgentemente sí, pero también democráticamente y no pretender que la falta de modelo y la arbitrariedad en la elección de sus órganos de dirección puede ser sustituida por un vago espíritu de “consenso” que no aportaría ninguna ventaja democrática y reproduciría los mismos problemas que se quieren evitar. No cometamos, pues, los mismos errores y no creamos que es posible invocar mágicamente una época anterior para afrontar los retos actuales, que poco o nada tienen que ver con los de hace doce años.
Está en manos del nuevo Gobierno proponer lo que crea mejor para solucionar esta encrucijada, pero siempre teniendo en cuenta que la evolución debe ser a más democracia, no a más decisiones arbitrarias. La solución es urgente sí, pero, ante todo debe ser democrática.
Enrique Bustamante es Catedrático de Comunicación Audiovisual UCM
Javier Callejo es Catedrático de Sociología en la UNED
Yolanda Sobero, periodista TV
Marcel Camacho ex trabajador de RTVE y sindicalista
