El Gobierno vasco, el Arzobispado de Barcelona y el Síndic de Greuges, mediadores en la crisis catalana, han desmentido la acusación de ERC de que el Gobierno planeaba una “violencia extrema con muertos en las calles” para frenar el independentismo en Cataluña.
Los tres mediadores, que estuvieron presentes en las reuniones del Govern previas a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, han desmentido a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que habló de una ofensiva del Gobierno “con muertos en las calles. Desde ERC, sin embargo, se reafirman en tales declaraciones y esgrimen que así lo dieron a entender cargos del Partido Popular, como Pablo Casado y María Dolores de Cospedal.
ERC mantiene su acusación
Según los argumentos de ERC, Pablo Casado dijo que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podía acabar "como Lluís Companys", en alusión al president que murió fusilado. En cuanto a la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, alegan que en un acto afirmó que el Ejército tenía la misión de garantizar la soberanía y la integridad territorial de España.
El lehendakari lo niega de manera categórica
Fuentes del Gobierno vasco han asegurado a El Periódico de Catalunya que su presidente, Iñigo Urkullu no tuvo conocimiento, en el transcurso de sus labores de mediación entre el Ejecutivo español y el Govern, de que el Estado hubiera amenazado con "muertos en la calle" si culminaba el proceso hacia la independencia.
El Gobierno vasco ha negado de manera categórica tal amenaza y ha añadido que estaban convencidos de que la Generalitat iba a convocar elecciones anticipadas y evitar la declaración unilateral de independencia una decisión que finalmente se alteró en el último minuto para sorpresa y decepción de los nacionalistas vascos.
Omella y el Síndic también lo desmienten
La acusación de ERC también ha sido desmentidas por el Arzobispado de Barcelona, que ha negado "categóricamente" que en su intento de mediación entre el Govern y el Gobierno se advirtiera de violencia del Estado.
En un escueto comunicado emitido, el obispo, Juan José Omella, ha negado "las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre las informaciones de violencia de Estado, en caso de que el gobierno de la Generalitat hubiese hecho una DUI".
En el mismo sentido se ha expresado el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quien ha negado que sustentara dichas advertencias en información directa del Estado. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que solo habló de "contundencia".
