El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió a Mariano Rajoy, en su reunión, este jueves, en la Moncloa, las reformas de la ley electoral y de la Constitución, además de la equiparación salarial de todos los Cuerpos de la Seguridad del Estado, como condiciones para apoyar los Presupuestos Generales del Estado para el 2018.

Ciudadanos considera como una "condición imprescindible" que se contemple una partida de 500 millones de euros en los Presupuestos para la equiparación salarial entre la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Rivera también ve prioritario que el 30 de junio de 2018 esté listo el dictamen de la subcomisión del Congreso que estudia la reforma de la ley orgánica de régimen electoral general (1985), aprobada por el Congreso en marzo y constituida el pasado mayo. Ciudadanos quiere asegurarse de que en la legislatura actual se apruebe una nueva ley que permita acudir a unos comicios generales con mayor proporcionalidad.

Cataluña
Mariano Rajoy y Albert Rivera han analizado la situación en Cataluña y han coincidido, según señalan, en que el futuro Govern debe respetar la Constitución y cumplir la ley.

Tanto el Ejecutivo como Ciudadanos han informado de este encuentro en la sede de la Presidencia del Gobierno, en el que también han abordado las negociaciones para la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2018.

Desde los naranjas subrayan que la entrevista “se enmarca en las reuniones ordinarias que ambos dirigentes vienen manteniendo en los últimos meses” y los temas tratados han sido “la situación política, especialmente en Cataluña, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre”.

También destacan que tanto Rivera como Rajoy “han coincidido en la necesidad de que el futuro gobierno de Cataluña respete la Constitución y cumpla las leyes democráticas con el objetivo de recuperar la convivencia”, al tiempo que añaden que “valoraron la aplicación del art 155 tras el acuerdo en el Senado hasta que se constituya el nuevo gobierno en Cataluña como garantía de acceso a los servicios públicos de todos los catalanes”.