Todas las miradas del bloqueo político en Cataluña se ciernen sobre Carles Puigdemont a la espera de que de un paso, atrás, a un lado, al frente o donde sea para desencallar el proceso de investidura del nuevo president. Según publica La Vanguardia, citando fuentes de la negociación entre el expresident y los partidos independentistas, su plan sería actualmente proponer al exlider de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, su número dos en la candidatura de Just per Catalunya, como candidato a nuevo president de la Generalitat.

El diario catalán afirma que así lo hará la próxima semana tras conseguir se investido de forma simbólica desde Bruselas, donde se encuentra huído de la justicia española. Pero la idea no es tan facil, ya que Sánchez se encuentra en la carcel de Soto del Real (Madrid) en prisión preventiva esde el pasado 16 de octubre, junto a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. La posible salida de Sánchez para ser investido president es una posibilidad aún más remota si recordamos que en varias ocasiones el juez del Tribunal Supremo que instruye las investigaciones por el referéndum ilegal del 1-O, Pablo Llarena, ha desestimado sus peticiones para salir de prisión tras ser elegido diputado en las pasadas elecciones autonómicas del 21D.

Pese a todo esto, fuentes del PDeCAT consultadas por El Plural restan credibilidad a la posibilidad de que Sánchez sea el candidato de Puigdemont y lo atribuyen a una filtración interesada, igual que la semana pasada se habló de Elsa Artadi como posible presidenta ejecutiva.

Investidura simbólica

La investidura simbólica que quiere Puigdemont tampoco es algo facil de llevar a cabo, especialmente con el Gobierno central atento a impugnar cualquier movimiento del Parlament con visos de ilegalidad. Según las mismas fuentes, este acto estaría previsto para el 27 de febrero, día en el que el expresident tiene previsto un acto en el parlamento federal belga, invitado por los nacionalistas flamencos. 

Éste sería el día indicado, según La Vanguardia, para que la llamada asamblea de electos, compuesta por cargos locales y autonómicos de adscripción independentista, invistiese al ‘gobierno en el exilio’, también llamado por algunos Consell de la República, sin que incurriese algún tipo de riesgo para que el Gobierno centra lo impugnara al Tribunal Constitucional.