El Ministerio de Hacienda ha dado 10 días a Carles Puigdemont para que aclare si quiere acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat para tener acceso a la pensión que le correspondería y que llegaría a un 80% de su sueldo.
En una instrucción enviada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, que ahora es titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, se pide a la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administración Pública y Vivienda que remita las “solicitudes recibidas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat”, así como su “estado de tramitación”, según publica el diario El Español.
De querer acogerse a este estatuto, Puigdemont estaría aceptando que ya no es president de la Generalitat y, de facto, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, algo, de momento, no ha hecho.
Aunque, incluso aceptando esto, el expresident tendría muy difícil acceder a esta pensión que podría llegar a los 112.000 euros anuales, algo más de 9.000 euros brutos al mes. Esto se debe a que el titular de la consellería, actualmente Montoro, debe aceptar la petición ya que la citada ley se modificó en junio de 2015 para que pudiese ser revocado este derecho si se dejaba de ser “honorable” tras los casos de corrupción de Jordi Pujol.
Como ya publicó ELPLURAL.COM poco después de la aplicación del 155, según fuentes consultadas, el Gobierno central denegaría esta petición. Ante este más que posible rechazo, y vista la estrategia comunicativa de Puigdemont y su entorno en las últimas semanas, es difícil que Puigdemont siquiera responda a la reclamación de Montoro.
Esta norma fue modificada en junio de 2015 con el objetivo de que el Parlamento catalán pudiera revocar derechos si han dejado de ser "honorables", a raíz de los casos de presunta corrupción que afectaron a Pujol.
